"A partir de ese momento comenzará la presión de todas las fuerzas políticas y activistas vascas para conseguir lo que antes denominamos “coexistencia paccionada” entre el Estado español y el naciente “Estado de Euskadi libre” (“de facto” conseguido con el estatuto que pretenden). Esto es, llegar a una fórmula de independencia total con algún eufemismo confederal que ya ni federal siquiera. Algo que deje bien claro que Euskadi no es España aunque tenga algún vínculo con el Estado y su cabeza, la Corona."
Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre, 29 de marzo de 1979
41 años más tarde, éste es el proyecto político que lleva defendiendo la extrema izquierda desde el surgimiento de Podemos en 2014, y cuyo resultado final sería –si algún día llegase a establecerse– la desintegración de España como nación. Hace apenas unas semanas, el antiguo líder de En Comú Podem, el profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, Xavier Doménech, ha publicado un libro con el título Un Haz de naciones, el Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017).
Esta obra se articula sobre dos ideas. La primera, que España no es una Nación sino una suma de naciones diferentes. Y la segunda, que la historia de nuestro país en ese periodo es el resultado de una dialéctica entre el proyecto monárquico liberal centralista y el republicanismo democrático federal-confederal, habiendo entrado el primero –dominante– en una crisis irreversible en la segunda década del siglo XXI, especialmente con la sedición de los nacionalistas catalanes en 2017.
Para hacer frente a esta situación, preconiza una “nueva” España “plurinacional y sus naciones, a su vez, multiculturales, con un Estado compartido también plurinacional y no con una sola nación de referencia”. Este nuevo Estado debería ser confederal –forma de organización donde la soberanía radica en las partes y no en el conjunto– por “la preponderancia de los demos [naciones propias] para decidir la incardinación en el proyecto conjunto, la capacidad para separarse y las relaciones en el Marco Europeo”. Es decir, que las Provincias Vascas, Cataluña, Galicia, y demás “naciones” que pudiera haber en España serían soberanas para decidir libremente todas sus leyes (la semilla de este proceso está en el concepto de competencias “blindadas”), disponer si aplican las leyes comunes, y determinar separarse de España cuando lo estimasen, así como la forma de relacionarse con Europa.
Además, preconiza que “el poder judicial (junto con el Ejército, el único poder que no ha sido descentralizado y, probablemente, por ello el máximo de la conservación del Estado central) debe ser también distribuido”. De ahí, por ejemplo, la insistencia del nacionalismo catalán de tener su propio Consejo General del Poder Judicial y convertir al Consell de Garanties Estatutàries en su Tribunal Constitucional. En pocas palabras, Doménech apuesta por la destrucción de la Nación española y de las principales instituciones que actualmente impiden que los nacionalistas y la extrema izquierda culminen sus planes disgregadores: el Poder Judicial y el Ejército.
"Doménech apuesta por la destrucción de la Nación española y de las principales instituciones"
Más allá de las ideas políticas de Doménech, la mayor crítica que puede hacerse a su obra es que parte de una premisa falsa: España no ha sido nunca “un haz de naciones”, sino una única Nación articulada sobre el principio de una identidad española de expresión compleja con raíces culturales entrelazadas y diversas –castellano-catalán, castellano-vasco, castellano-gallego, o hasta castellano-canario si se quiere– (como ocurre con otras viejas naciones europeas como Francia o Inglaterra), cuyo progresivo debilitamiento ha sido consecuencia de una doble dinámica.
Por un lado, el reciente proceso de construcción nacional excluyente e identitario iniciado por los nacionalistas en determinadas regiones de nuestra Nación con el objetivo de aniquilar el sentimiento español en esos territorios. Por otro, la incapacidad (y dejadez) del Gobierno nacional para hacer frente a esta ofensiva desintegradora. El caso más notorio de este proceso son las Provincias Vascas, los territorios españoles donde más tiempo existió un ordenamiento jurídico propio –los diferentes Fueros provinciales, de origen Real–, muchos de cuyos privilegios (entre ellos el Cupo) permanecen hasta nuestros días.
"España no ha sido nunca un haz de naciones, sino una única Nación articulada sobre el principio de una identidad española"
A pesar de ese particularismo, la identidad compleja castellana-vasca fue dominante en la mayor parte de ese periodo estudiado por Doménech e incluso en los primeros comicios celebrados el 15 de junio de 1977. Así, mientras que en las últimas elecciones de la II República, el 16 de febrero de 1936, las candidaturas no nacionalistas del Frente Popular y de la Coalición Antirrevolucionaria obtuvieron el 33% y 31,5% de los votos respectivamente frente al 35,2% del PNV(137.535), en junio del 77, PNV y Euskadiko Eskerra –organización política nacionalista vinculada con ETA político-militar– obtuvieron el 35,44% frente al 51’07% de los cuatro mayores partidos nacionales–UCD, AP, PSOE y PCE. Sin embargo, a partir de esas elecciones, se inició una dinámica que, por ahora, culmina en 2020: las organizaciones políticas nacionales actuales –incluyendo a Podemos– han ido progresivamente disminuyendo en el País Vasco, hasta el extremo de que en la actualidad solo aglutinan al 30,40% del electorado, y suponen 272.580 votos, poco más de la mitad que en 1977.
Las causas de este proceso hay que buscarlas sin duda en la acción de ETA y en la dejadez del Estado. La organización terrorista, especialmente a partir de 1978, no solo desencadenó una ofensiva criminal, asesinando a cientos de personas, sino que, además –con el apoyo de un importante sector de la población– puso en marcha una dinámica de limpieza ideológica, creando espacios de violencia y terror contra los vascos no nacionalistas. El resultado de este proceso fue una diáspora estimada entre los 100.000 y 300.000 ciudadanos vascos, según cálculos del PP, del PSOE, o del Foro Ermua, que se vieron forzados a abandonar las Provincias Vascas.
"ETA no solo desencadenó una ofensiva criminal, sino que puso en marcha una dinámica de limpieza ideológica"
La dejación del Estado de sus funciones y su desaparición progresiva de este territorio, a medida que cedía sus competencias al gobierno autónomo hizo el resto, aupando la hegemonía nacionalista que ETA nunca habría conseguido por sí sola. Este proceso lo inició Adolfo Suárez a partir de 1979 y lo continuaron posteriormente Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. El único presidente del Gobierno que intentó frenarlo fue el más breve y olvidado, pero también el más formado y capacitado intelectualmente: Leopoldo Calvo Sotelo. A él se debe la única norma jurídica que intentó racionalizar y reordenar el Estado de las Autonomías, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la célebre LOAPA, que nunca entró en vigor porque el Tribunal Constitucional declaró parte de su contenido fuera de la carta magna.
La clave de este proceso tiene su origen en la visión de ETA de Suárez, causa del inicio de la dinámica de vaciamiento del Estado. Hasta 1979, este presidente del Gobierno consideró a esta organización como un problema coyuntural y no excesivamente importante, heredado del franquismo, que desaparecería cuando se concediera el soñado estatuto de autonomía. Sin embargo, cuando comprobó que ni la aprobación de la constitución ni el inicio del proceso estatuario detenían la actividad de ETA, sino que, por el contrario, ésta se incrementaba, decidió apostar por el PNV, ante el temor de que los nacionalistas conservadores se uniesen a la organización terrorista. El Estado cedió ante los jeltzales, pensando que su hegemonía frenaría a ETA y a su proyecto separatista. Fue un proceso similar al que tuvo lugar en Cataluña, aunque sin que existiera allí una amenaza terrorista, y donde Jordi Pujol se convirtió en el supuesto valladar frente a la radicalidad de ERC.
El resultado en ambos territorios fue similar: un proceso de construcción nacional articulado sobre el monopolio asfixiante del nacionalismo identitario. Ante un Estado que no les protegía ni les amparaba, muchos ciudadanos con sentimientos de identidad compleja, acabaron por identificarse exclusivamente con la identidad propugnada por los nacionalistas de su región e incluso por votarles para evitarse problemas.
Esta dinámica fue más efectiva en las Provincias Vascas por la acción de ETA. La progresiva hegemonía nacionalista en todos los ámbitos –con especial éxito en el educativo y cultural– permitió al PNV poner en marcha un proyecto separatista –al que nunca había renunciado–, articulado en diversas fases. Como cantaban los nacionalistas catalanes en los primeros años de la democracia: “Avui paciència, demà independència”. La primera debía ser el no nato Plan Ibarretxe cuyo objetivo era convertir a las provincias vascas en un Estado Libre Asociado a España, convertida así en un Estado confederal. De hecho, este territorio pasaría a tener nacionalidad propia, un poder judicial independiente del español, selecciones deportivas propias o representación internacional en la UE, además de competencias exclusivas en materias como sanidad, educación, economía, política lingüística o hacienda.
El proyecto del entonces lehendakari fue rechazado por el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005. Sin embargo, su contenido no fue olvidado. Desde 2018, hay en marcha en el País Vasco un proceso de reforma estatutaria que incluiría el llamado derecho a decidir y una relación bilateral con España, lo que supone la vuelta a la idea de una España confederal, en la línea defendida por Doménech y Podemos.
¿Era previsible a finales de los años setenta que la política de dejación y abandono en la Autonomías iba a provocar el progresivo debilitamiento de España como Estado y como Nación? Podía afirmarse que la búsqueda de la concordia y el consenso llevó a Suárez a actuar de forma ingenua sin prever las consecuencias negativas a largo plazo de su política. Sin embargo, Suárez estaba avisado. Los informes que el entonces teniente coronel de Infantería Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre envió al gabinete del vicepresidente del Gobierno, teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, donde las consecuencias de esta política quedaban explicitadas, así lo corroboran. Entre estos documentos destacan dos. El primero, del 12 de octubre de 1978, donde al analizar el asesinato del capitán de corbeta Francisco de Asís Liesa que había tenido lugar nueve días antes, escribía:
"Todos esos vascos que se sienten dolidos y defraudados […] afirman que se está propiciando en el pueblo vasco no separatista una sensación grave de abandono que puede conducir a que cada vez, se mire con más temor a ETA y los independentistas y a que, cada vez también, sea mayor la tentación egoísta de sumarse a la trayectoria secesionista, para muchos ya imparable aunque indeseable."
No obstante, fue en el documento fechado el 29 de marzo de 1979, ya citado al comienzo, donde con más brillantez fue capaz de presentir la futura crisis territorial que se avecinaría en las siguientes décadas. Así, tras el pacto confederal, auguraba que:
"El paso siguiente y último es el logro del reconocimiento internacional de la independencia vasca […] También hasta el final el PNV mantendrá su ambigüedad, consistente en que no se le puede culpar abierta y directamente de la violencia terrorista pero aprovechándose de ella hasta el logro de la independencia total […]. Probablemente la última fase, cuando ya toda la población vasca estuviera triunfalistamente contaminada, consistiría en convocar un “referéndum” que, dominando, como para entonces dominarían todos los resortes del poder en el CGV [Consejo General Vasco] y en toda la Administración Local, ganarían apenas sin esfuerzo, puede que hasta con el aditamento de observadores de la ONU."
Fernandez-Monzón iba a tener en sus predicciones la misma maldición que la hija de los reyes de Troya, Casandra –tras rechazar a Apolo– sobre las suyas: no las creyeron, a pesar de que en numerosas ocasiones advirtió que “nadie con la cabeza sobre los hombros podría afirmar que cuanto se ha elucubrado en estos supuestos constituye una lejana utopía”. Suárez y sus ministros consideraban que podían controlar el separatismo vasco y catalán con el “café para todos” y el apoyo a las manifestaciones conservadoras de esa ideología. El resto de presidentes, salvo Calvo Sotelo, continuaron esta errática política con las consecuencias que conocemos. El teniente coronel, en la actualidad un anciano general de brigada retirado, al comprobar la exactitud de sus previsiones, habrá recordado con tristeza el aforismo de la Casandra de Galdós:
"Yo no adivino más que lo que ignoran los tontos y lo que olvidan los desmemoriados".
***Roberto Muñoz Bolaños es Doctor en Historia Contemporánea en la UAM
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Nota: Agradezco a Javier Merelo de Barberá Llobet sus comentarios, aportaciones y correcciones que han mejorado notablemente el texto original, y a Gabriel Tortella Casares y Clara Eugenia Núñez Romero Balmas sus añadidos y observaciones sobre el texto final, que lo han perfeccionado. Los errores son exclusivamente míos.