Puigdemont, ese “eterno novio sin arrugas”

El miércoles constataremos la primera consecuencia práctica de la mayoría absoluta, revalidada por el bloque separatista catalán: cuatro de los siete miembros de la Mesa del Parlament pertenecerán a partidos empeñados, al menos hasta ahora, en la vía unilateral de la ruptura con España. A partir de ese momento la nueva legislatura sólo puede oscilar entre lo malo, lo peor y lo pésimo.

La prueba de fuego para saber hacia cual de esos tres escenarios nos dirigimos será la propuesta de investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Cualquier opción implica que un separatista forme gobierno y continúe adelante con el “procés”, bien de forma explícita, bien de manera solapada, pero prolongando en todo caso la labor de erosión, zapa y voladura paulatina del Estado, mediante el uso espurio de los resortes institucionales que le serán de nuevo confiados.

Esto que ya es de por sí suficientemente malo y elocuente de la estupidez con que el Gobierno de Rajoy ha gestionado la aplicación exprés del artículo 155, daría paso a una variante mucho peor, en el caso de que JuntsxCat y ERC propiciaran finalmente la candidatura del huido Puigdemont, por videoconferencia o persona interpuesta. Y no sólo porque la repercusión internacional de ese insólito formato sería enorme.

Una interpretación estricta de un reglamento que requiere que el candidato exponga su programa “delante” del pleno, llevaría a descartar estas fórmulas. Eso es lo que dirán los letrados. Pero, como pudo constatarse durante las sesiones que desembocaron en el 1-O y la DUI, la Mesa podría volver a pasarse cualquier cautela de legalidad por el arco de su nuevo triunfo. La renuncia de Forcadell a presidirla y el abandono de la política de Mundó, cuando sonaba como alternativa, tienen el denominador común de que ambos sienten sobre sus cabezas la espada de Damocles de la justicia, al estar en libertad bajo fianza. Pero tal dinámica lleva a colocar en esa posición clave a alguien que, como ha sugerido la propia Forcadell, tenga más  margen para vulnerar la ley.

Además, a diferencia de la convocatoria de un referéndum ilegal o, no digamos, de una Declaración de Independencia Unilateral, estaríamos ante una cuestión de fondo mucho más opinable. ¿Si se puede intervenir por vídeo en un proceso penal o un consejo de administración, por qué no en un parlamento? ¿Qué sentido tiene aferrarse a los aspectos presenciales de la democracia, cuando la tecnología ha ampliado sideralmente las posibilidades de relación humana?

Esta discusión, que afectaría al propio concepto de democracia representativa y permitiría cuestionar también las urnas y los colegios electorales, puede ser sofocada, de momento, mediante la apelación al reglamento en vigor. Es obvio que la abogacía del Estado y la oposición recurrirían cualquier resolución de la Mesa que permitiera la investidura de Puigdemont desde Bruselas y que el Tribunal Constitucional les daría, de buenas a primeras, la razón.

Cuestión distinta sería si, acatando esa resolución e invistiendo a otro presidente, bajo el signo de la interinidad, la mayoría separatista reformara luego el reglamento, dando cabida a la investidura telemática o a la "boda por poderes”, en la que el "novio" es representado por un diputado afín que lee su discurso, como quien entrega el esperma ajeno en la clínica de la fecundación in vitro. El interino podría dimitir y Puigdemont ser investido, de forma más difícilmente objetable, desde el punto de vista de la legalidad.

Eso desembocaría en el escenario pésimo, al que podría llegarse también por el atajo de que la Mesa volviera antes a las andadas, negándose a acatar la suspensión del TC, o recurriendo a un súbito "aquí te pillo, aquí te mato" para intentar soslayarla. Además de pésimo sería, desde luego, inasumible para la dignidad nacional y la credibilidad del Estado de Derecho que, alguien perseguido por flagrantes delitos en España pudiera gobernar, siquiera nominalmente, una comunidad desde el extranjero. Por no hablar del contradiós de que el Rey tuviera que firmar el nombramiento de quien dice presidir la "República Catalana" en el exilio. Es decir, que estaríamos ante la inexcusable obligación de aplicar de nuevo el 155 y volver a intervenir la autonomía. 

Nadie podría negar, entonces, lo acertado del pronóstico de Aznar de que, con una victoria separatista en las atolondradas elecciones del 21-D, “estaríamos peor que antes”. En primer lugar, porque ante la comunidad internacional parecería que la democracia española no se somete al veredicto de unas urnas –desplegadas para más inri por el gobierno central- en las que el partido de Rajoy ha sufrido un batacazo sin precedentes. Y, en segundo lugar, porque en el imaginario colectivo ha quedado instalado el precedente de que, cuando se aplica el 155, no es para gestionar una autonomía, de acuerdo con el interés general, sino para que los electores de ese territorio enmienden la plana a sus autoridades sediciosas.

¿Y si no quieren hacerlo, si resulta que también hay una mayoría sediciosa entre los votantes, como ha sido el caso del 21-D, entonces qué? Tan cierto como que en estas elecciones no se dirimía la independencia de Cataluña, es que resultaba inevitable que fueran percibidas como una segunda vuelta del referéndum ilegal del 1-O. No es de extrañar, por eso, que lo que haya salido reforzado, entre el conjunto de los españoles, es el apoyo, aun minoritario pero cada vez más significativo, al derecho a decidir de los catalanes mediante un referéndum pactado. 

Afortunadamente ese veneno para la España constitucional está encontrando su oportuno antídoto en la fantasía de Tabarnia porque, puestos a disgregar la soberanía nacional, ¿por qué no hacerlo por provincias o comarcas, además de por autonomías? No hay ningún principio histórico, jurídico o filosófico que justifique negar a los tarraconenses o los barceloneses lo que se pide para el conjunto de los catalanes.

Por algo esa fue una de las preguntas que la dirección de ETA fue incapaz de contestarme, en la polémica entrevista que le hice en diciembre de 1988, cuando la plantee en relación a Navarra. Por algo un periódico tan dispuesto a hacer honor a su nombre como EL ESPAÑOL propuso, entre sus “obsesiones” fundacionales, “una reforma de la Constitución que incluya también la regulación del derecho de secesión como, por ejemplo ha hecho Canadá, con la denominada ‘ley de claridad’”.

Pero, al margen de que se defienda mucho mejor la unidad de España desde el racionalismo democrático que desde el determinismo esencialista, el mero hecho de que se plantee este debate mes y medio después de que la “espada” del 155 saliera por primera vez en 40 años de la vaina, indica lo chapucero que ha sido el espadachín. Y si insisto en que Rajoy ha hecho un pan como unas tortas, no es para deleitarme en el desastre, sino para poner de relieve la gravedad de que nadie pida responsabilidades a quienes han deteriorado tanto el prestigio del Estado.

Los graves errores de juicio que supusieron la dilación y la laxitud con que se aplicó el 155, la imprevisión que dio lugar al gol en propia meta de las cargas policiales del 1-O y la negligencia culposa al dejar escapar a Puigdemont, permitirle instalarse en Bélgica y abocar así al juez Llarena a retirar la euroorden contra él, no pueden dejar de tener consecuencias. Y lo mínimo que podría esperarse de Ciudadanos y PSOE, como inductores de la precipitación electoral, es un serena autocrítica, por mucha que haya sido en el primer caso su ganancia partidista. 

Es, en concreto, incomprensible que Soraya Sáenz de Santamaría y el general Sanz Roldán no sólo sigan en sus puestos, sino ni siquiera hayan tenido que acudir al parlamento a explicar todos estos episodios en los que el Gobierno actuó a ciegas o atenazado por el pánico a una respuesta insurreccional, trufada de imaginarios sabotajes. Sólo una convocatoria de elecciones generales anticipadas podría soslayar esta rendición de cuentas; pero es obvio que Rajoy no está ni por lo uno ni por lo otro; y que Rivera prefiere seguir con las luces largas, manteniéndole con respiración asistida mientras prosigue su desgaste, para no ser acusado de oportunista.

Afortunadamente aún hay jueces en Madrid y la firme actitud del Supremo respecto al encausamiento de los golpistas aboca a Puigdemont a optar entre la cárcel o el exilio eterno del "holandés errante", sin tan siquiera poder tocar puerto cada siete años. El magistrado Llarena ha cortado en seco la maniobra de su defensa de explorar una entrega pactada. Lo que quieran decirle, que lo hagan por escrito.

Aunque algunos colegas le tildan de voluntarista, Llarena ha comentado que quiere cerrar la instrucción en tres o cuatro meses. Eso supondría celebrar el juicio en el otoño, toda vez que la Sala de Apelación, presidida por Miguel Colmenero, ha demostrado la misma claridad de ideas, al rechazar el recurso de Junqueras, con argumentos que apuntalan el delito de rebelión y auguran una severa condena.

Como en el caso de los pretendientes carlistas obligados a cruzar la raya con las tropas liberales en los talones, al legitimismo de Puigdemont sólo le queda, pues, la baza de cultivar el mito del ausente. Se trata de un nicho en el imaginario colectivo, lo suficientemente alejado de la realidad, como para que pueda ser ocupado de manera indistinta por un vivo o por un muerto. 

El símil de la "boda por poderes" que le gustaría contraer mediante la investidura a distancia, me ha traído, de hecho, a la memoria una cita formidable de Amin Maalouf sobre la tumba de Alejandro el Magno: "Esa tierra le había sepultado joven y joven le había conservado, como un eterno novio sin arrugas". Y digo "formidable" no sólo por su literalidad, sino porque fue utilizada por el historiador Julio Gil Pecharromán como pórtico de su biografía sobre José Antonio Primo de Rivera.

De igual manera que los jerarcas de la Falange ocultaron durante meses el fusilamiento de su fundador para alimentar la esperanza de su liberación y regreso, los más fieles escuderos políticos y mediáticos de Puigdemont están ocultando su muerte política, como actor dentro de la legalidad, para fomentar la ilusión de su retorno triunfal. En eso consiste el mito del ausente, en conservar en alcanfor al "eterno novio sin arrugas", con el que la soñada República Catalana podrá desposarse un día.

Mucho antes que José Antonio, fue la figura del rey Sebastián I de Portugal, muerto en 1554 en la batalla de Alcazarquivir, cuando sólo contaba veinticuatro años, la que suscitó ese culto. El "sebastianismo" se basaba en el convencimiento de que el joven monarca había salido indemne y regresaría un día a recuperar el trono que, tres décadas después, había pasado a las españolas manos de Felipe II. Don Sebastián quedó en la Historia como el rey durmiente y el Deseado. Este mismo sería el apodo de Fernando VII durante su cautiverio en Francia, con la variante de que cuando volvió se transformó en Narizotas y el Rey felón. En cambio, Tarradellas colmó con creces, tras su retorno, la expectativa de grandeza integradora en una Cataluña renacida, que se había incubado a través del mito de su ausencia.

¿Qué tipo de "ausente" lleva camino de ser Puigdemont? A juzgar por su ansiedad, su intransigencia e histrionismo, yo lo veo como una especie de suplantador de sí mismo, al modo en que el pastelero de Madrigal suplantó -o tal vez no- al rey don Sebastián. Una peripecia que viene a cuento, en la medida en que inspiró a Zorrilla la mejor tragedia con un título con tres denominaciones de la historia de nuestro teatro: "Traidor, inconfeso y mártir". Ahí lo dejo.