Primer constructo, compartido por muchos constitucionalistas consternados por la situación política.
Lo que hemos vivido el jueves ha sido más bien el primer acto de una tragedia cuyo segundo acto será la investidura, quedando la amnistía y el referéndum de autodeterminación para el tercero y el cuarto. Será un proceso inverso al de la Transición, pero basado en la misma técnica.
Todo ocurrirá de la Ley a la Ley hasta que se haya producido una total mutación constitucional que convierta al actual Reino de España en una República Federal o más bien Confederal. El Tribunal Constitucional, cómodamente controlado por Sánchez, dará luz verde a todo lo que haga falta y Cándido Conde-Pumpido se convertirá en el Torcuato Fernández-Miranda del nuevo Estado plurinacional.
Los primeros efectos de esta deconstrucción de "la indisoluble unidad de la Nación española", en la que "el castellano es la lengua oficial del Estado" (artículos 2 y 3 de la Constitución), ya se materializaron en el pleno del jueves, al permitir la nueva presidenta Francina Armengol el uso del catalán, el euskera y el gallego en la parodia de acatamiento de la Constitución. Fue una prueba de la "sensibilidad plurinacional" por la que ha sido elegida y un anticipo de la torre de Babel en la que se convertirá la cámara, cuando cada minoría utilice una lengua distinta en un debate general.
Sólo un costoso sistema de traducción simultánea hará viables unas sesiones en las que las imágenes de los diputados con cascos y los subtítulos en todas las televisiones contribuirán a extender la imagen del Congreso como un ágora internacional.
Entre tanto, la Ley Orgánica comprometida con Esquerra hará oficial el uso del catalán, euskera y gallego "en todas las instituciones del Estado, incluida la Justicia". Eso significará que en la práctica "el castellano" (el tercer idioma más hablado del mundo) dejará de ser "la lengua oficial del Estado" para convertirse tan sólo en "una" de esas cuatro lenguas oficiales, con permiso del valenciano. Y, por supuesto, el caos lingüístico irá impregnando de mayor ineficiencia y más lentitud a las Administraciones públicas hasta terminar haciéndolas inoperantes.
Luego vendrá el turno de lo que eufemísticamente se denomina "desjudicialización del procés". Podría aplicarse igual a las okupaciones de viviendas, a los asaltos de supermercados o a los robos con intimidación en zonas tensionadas. Tal vez todo se andará. En el fondo se trata de suspender el Estado de derecho y asumir la impunidad de actos tipificados como delitos para favorecer a determinados grupos de delincuentes. En este caso a los que tienen la llave de la mayoría en el Congreso de los Diputados.
Quedan dos incógnitas. La primera es si el referéndum de autodeterminación, 'pactado con el Estado', será el precio para que a Sánchez le aprueben los presupuestos de 2024 o los de 2025
La negociación secreta que Sánchez ha mantenido sobre este asunto, a dos bandas con Puigdemont y Junqueras, recuerda mucho a la descripción que Churchill hizo de lo pactado en Múnich sobre Checoslovaquia entre Chamberlain y Hitler: "El dictador pidió primero una libra a punta de pistola. Cuando se le concedió, pidió dos libras a punta de pistola. Finalmente, el dictador aceptó una libra y 17 chelines y el resto en promesas de buena voluntad para el futuro". Este será el itinerario de la retirada de acusaciones en los juzgados y el Tribunal de Cuentas, con una monstruosidad ética como la Ley de Amnistía (ya avalada por los juristas de cabecera de la izquierda) perfilándose en el horizonte.
Quedan dos incógnitas. La primera es si el referéndum de autodeterminación, "pactado con el Estado", será el precio para que a Sánchez le aprueben los presupuestos de 2024 o los de 2025. La segunda es cuándo se planteará la consulta sobre la Monarquía que todos los socios de Sánchez propugnan y de la que la propia Francina Armengol se declaró partidaria en 2014.
Lo indiscutible es que Sánchez ha elegido voluntariamente este camino cuando, a diferencia de lo ocurrido en 2019, tenía una oferta de diálogo del PP para gestionar el resultado "diabólico" (Page dixit) de las urnas. En lugar de buscar un acuerdo de cualquier índole con Feijóo, ha preferido someter al Estado a la humillación colectiva de ceder ante un prófugo, ensalzarlo como figura decisiva y relanzar todas las pretensiones del "procés".
Esta secuencia de "hechos comprobables" avala la tesis de que Sánchez (tal vez alineado con Zapatero) impulsa o al menos contempla, por resentimiento, ambición o soberbia, la destrucción del "régimen del 78". Y lo peor de todo es que puede encontrar apoyo social para ello, pues no en vano ha conseguido que cada vez haya más españoles cuyo modus vivendi dependa de quien controle las arcas del Estado.
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Segundo constructo, compartido por muchos socialistas orgullosos de su líder y de la superioridad moral de la izquierda.
Tranquilidad, que aquí no va a pasar nada. O al menos nada que no sea bueno que suceda. Hay que confiar en la inteligencia, la habilidad y la tenacidad de Pedro Sánchez. Ha demostrado ser el mejor líder que ha tenido la democracia española. Tanto por su proyección internacional como por su capacidad de movilizar al electorado progresista, cerrando el paso a la extrema derecha y convirtiendo una derrota anunciada en una nueva mayoría de Gobierno.
Además, está rodeado de personas razonables. Empezando por el versátil y paciente Bolaños y siguiendo por ministros como Albares o Héctor Gómez, ministras como Isabel Rodríguez o Raquel Sánchez o el propio Illa, que es una garantía de serenidad al frente del PSC. Ninguno de ellos va a contribuir a la destrucción del Estado. Y tampoco Conde-Pumpido que por encima de todo es un jurista respetado, que ha llegado a la cima y tiene un ojo ya en la posteridad. Quien fue capaz de condenar por los GAL, no va a actuar ahora en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional y de su propia jurisprudencia.
Los profetas del desastre volverán a equivocarse, como vienen haciéndolo una y otra vez. No hay más que ver las condiciones completamente asumibles para cualquier demócrata del acuerdo sobre la Mesa del Congreso. Que se puedan utilizar las lenguas que ya son oficiales en distintas partes de España no es más que un reflejo de nuestra diversidad. Y eso no significa que vayan a emplearse siempre. Al final será un problema técnico y operativo que tendrá que resolver el reglamento del Congreso.
Otro tanto hay que decir respecto a su uso ante las instituciones del Estado, incluida la Justicia. Es obvio que un juzgado de Andalucía o Extremadura no va a tener que dirigirse en euskera o catalán a un demandado o demandante. ¿Pero, por qué no se va a poder presentar un recurso de amparo en catalán? Todo queda supeditado al contenido de una futura Ley Orgánica que tardará meses en tramitarse y veremos si se aprueba y cómo se aprueba. Es una promesa que dependerá del curso de la legislatura.
El único "hecho comprobable", por utilizar la retórica de Puigdemont, es que hemos presentado una solicitud ante el Consejo de la UE. Pero el que esa solicitud sea aprobada no depende de nosotros sino de la unanimidad de los miembros. Cuesta creer que todos vayan a aceptar que España sea el único país con cuatro lenguas oficiales y que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en las únicas "lenguas sin Estado" de la UE. El riesgo de que otras minorías intenten lo mismo va a pesar sin duda en la decisión, pero Puigdemont ya se ha apuntado la medalla, que es lo que quería.
Como se ha constatado, hay voluntad política de llegar a un acuerdo y con flexibilidad e imaginación por ambas partes se alcanzará un punto de encuentro
Está también lo de las comisiones de investigación, supeditadas, claro, a que haya investidura. Puede ser muy incómodo para el CNI verse en la picota, incluso con algo tan delirante como su hipotética vinculación al atentado de las Ramblas. Pero todas esas comisiones parlamentarias han terminado siempre en vía muerta. Al segundo día ni siquiera serán noticia y sus conclusiones serán irrelevantes porque el PSOE no apoyará nada, excepto si sirve para poner en evidencia a los gobiernos del PP.
Es cierto que queda lo más difícil. La negociación de la investidura en la que será inevitable pactar alguna solución para los implicados en el procés. Pero, como se ha constatado, hay voluntad política de llegar a un acuerdo y con flexibilidad e imaginación por ambas partes se alcanzará un punto de encuentro. Instrumentos no le faltan al Estado. Incluida, por qué no, una Ley de Amnistía.
En el fondo de lo que se trata es de dar una salida a los que tiraron por la calle de en medio de la declaración unilateral de independencia. Por algo fue tan efímera: porque era inviable. El 1-0 tuvo un 'efecto vacuna' y han aprendido la lección. Lo que quiere Puigdemont es poner el contador a cero, volver a poder hacer política. Lo mismo que quería Otegi en el mundo aberzale. Con la diferencia de que aquí no hay delitos de sangre, ni presos cumpliendo largas condenas.
[Sánchez exhibirá su mayoría ante el rey: quiere una investidura exprés antes de la Diada]
Si la sociedad asumió los indultos, también asumirá la Amnistía o algo que en la práctica tenga los mismos efectos. Por ese camino Sánchez acabará con el problema catalán, de la misma forma que Zapatero acabó con el problema vasco. Es verdad que negociar con el mismo Puigdemont, al que no hace tanto prometió traer preso, puede ser un poco embarazoso, pero mucho más difícil era negociar con ETA y mantener los canales abiertos incluso cuando cometía atentados.
Hay un dato clave que es la victoria arrolladora del PSC en Cataluña. Si eso se reproduce en las próximas autonómicas, España habrá superado su último gran conflicto tras el final del terrorismo. Y con la buena marcha de la economía, gracias a los fondos europeos, y el incremento de la protección social, la izquierda habrá demostrado una vez más que es la que da estabilidad a la democracia y hace avanzar a la sociedad.
Quedará, eso sí, el obstruccionismo de la derecha que, tras fracasar en su intento de "abolir el sanchismo" va a poner todo tipo de palos en las ruedas. Pero eso cohesionará a la mayoría progresista, que responderá cambiando las leyes que haya que cambiar, dará otros cuatro años de mandato a Sánchez, reabrirá la crisis del PP y sacará del juego a Feijóo. Mal que les pese, Pedro lo habrá vuelto a hacer.
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Ni lo uno ni lo otro: mi propio pronóstico tras la dura realidad del final de la era de la democracia pactada.
Un constructo es, según la primera acepción de la RAE, una "construcción teórica para comprender un problema determinado". De acuerdo con la segunda acepción, aplicada a la psicología, se trata de una "categoría descriptiva bipolar con la que cada individuo organiza datos y experiencias de su mundo como el frío y el calor o lo dinámico y lo estático".
Por eso he presentado así las dos visiones anteriores. Son dos interpretaciones tan subjetivas como antitéticas. Las dos responden más al posicionamiento previo de quien las difunde que a un análisis solvente de la realidad. Tanto el pesimismo exagerado del constitucionalismo herido como el optimismo eufórico del progresismo sanchista se hacen trampas en el solitario al soslayar elementos que serán determinantes de lo que ocurra en España tras este lamentable final de la era de la democracia pactada.
Con un 'parlamento colgado' en perspectiva, Feijóo tendió la mano y propuso un encuentro, equivalente a los que los líderes del PP y PSOE habían mantenido siempre en el pasado, y Sánchez lo rehusó. Esto es fundamental a la hora de hacer la crónica de cómo terminó de "joderse el Perú". La ruptura unilateral de la propia búsqueda del consenso quedó así unida a una persona, un líder milagroso, venerado ya por sus seguidores.
Sánchez no va a necesitar a los separatistas solamente para la formación de la Mesa, para la investidura y si acaso para los Presupuestos, como en la anterior legislatura
Nadie podrá decir que hay maldad, manipulación o mentira al reafirmar que en España se está imponiendo y aplicando el "sanchismo", sin apenas resistencia en el seno de la izquierda. De repente, todos los paladines de la igualdad política se muestran partidarios de negociar nuevos elementos de desigualdad con los separatistas vascos y catalanes.
En esta contradicción está la debilidad profunda del proyecto. Máxime si la vinculamos a la aritmética parlamentaria. Sánchez no va a necesitar a los separatistas solamente para la formación de la Mesa, para la investidura y si acaso para los Presupuestos, como en la anterior legislatura. Tampoco va a poder prescindir de ningún díscolo ocasional, sustituyendo a Esquerra por Ciudadanos o Bildu.
Los va a necesitar a todos a la vez, todos los días y a todas horas. Compitiendo además entre sí (Junts versus Esquerra, PNV versus Bildu), para ejercer su única razón de ser: el reforzamiento de la identidad de su tribu a costa del debilitamiento del Estado.
Y todo les va a parecer siempre poco. No olvidemos el comunicado de la ANC (Assemblea Nacional Catalana) acusando a Junts y ERC de "sumisión" y "vasallaje" por el pacto del jueves, con la Diada ya en el horizonte. O las propias declaraciones de Josep Costa (exvicepresidente del Parlament) ayer mismo en Vilaweb: "Abrir una vía de negociación con la presunción de que permitirá avanzar hacia la independencia es deslegitimar el Primero de Octubre".
Cuando los mitos soberanistas se convierten en proyectos políticos, siempre hay alguien dispuesto a ser más radical y exigente que el que ceda en algo. Y no está de más recordar que Puigdemont iba a convocar elecciones y se echó al monte cuando le llamaron "botifler" por la calle.
Sánchez está ahora en el pináculo de su gloria, pero cada día que tenga que hacer una concesión a sus socios tanto en el plano de lo simbólico como, no digamos, en el contante y sonante de la condonación de la deuda, las inversiones o la financiación, bajará un peldaño su popularidad en el resto de España. Porque todo sale al final del mismo prestigio y de la misma caja común. No hay más que ver la encuesta que publicamos hoy: la mitad de los votantes del PSOE se oponen a sus concesiones, cuando aun está en el aire el desenlace.
Comprendo el ansia de Feijóo por reivindicar su victoria, presentándose a la investidura, pero le veo poco sentido tras lo ocurrido el jueves. Sánchez tendrá la mayoría necesaria, con tal de que pague por ella. Él en cambio está abocado a la derrota y a asumir encima el coste del apoyo estéril de Vox: nada tiene que ganar en ese trámite.
Parece mucho más práctico obligar a Sánchez a destapar ya sus cartas y empezar a ejercer la dura oposición que merecerá el precio que tendrá que pagar a costa del interés general. Con la mayoría absoluta en el Senado, el control de todas las grandes comunidades menos Cataluña y el País Vasco, y el peso moral de su victoria en votos y escaños, nunca un líder de la oposición ha estado tan bien pertrechado.
Feijóo tendrá todos los días nuevos motivos y argumentos para ir royendo las entrañas de este último émulo de Prometeo. Hoy por hoy a Sánchez no le asusta tener que levantar cada mañana la piedra de Sísifo de una precaria mayoría. Pero pronto comenzará a sentir cómo el agua le va subiendo primero hasta los hombros, después hasta el cuello y enseguida hasta la barbilla, mientras tiende la mano exhausta de Tántalo hacia satisfacciones cada vez más inalcanzables.
Los héroes clásicos eran castigados siempre por la soberbia y ambición de poder que les empujaba a pretender conquistar lo que los dioses no habían puesto a su alcance. Y en todos esos casos el peor suplicio era sentir desvanecerse una y otra vez el éxito que creían a punto de conseguir. Sánchez se ha convertido ya en el prisionero de su leyenda. Puede intuir que tras el pórtico de su gloria se abra el abismo de un averno rugiente. Pero el vértigo es su droga. Don Giovanni no sería don Giovanni si rehusara in extremis la mano helada del Comendador.
Su destino es primero la investidura y después el infierno político. Vayamos cuanto antes con lo uno, para poder abreviar también con lo otro. Los españoles no nos merecemos lo que va a suceder, pero él desde luego que sí.