La idea del equipo de Fátima Báñez de sacar de la Seguridad Social las pensiones de orfandad y viudedad para convertirlas en una partida del Presupuesto anual del Estado es una medida cosmética. Trasladar una pequeña parte del déficit de la Seguridad Social al Presupuesto anual del Estado no va a solucionar el déficit estructural del sistema, así que es lógico que PSOE y Podemos se opongan.
Tampoco parece el mejor modo de afrontar la reforma pendiente de las pensiones. El Pacto de Toledo, que se convocará la próxima semana, debe ser el marco en el que se resuelvan los retos del Estado del bienestar. El debate aumentará en intensidad cuando el agujero en la hucha de la seguridad social -que ha pasado de 67.000 a 24.000 millones en el último lustro- vuelva a crecer exponencialmente tras la paga extraordinaria de diciembre.
Será imposible solucionar los problemas de sostenibilidad del sistema sin tener en cuenta la pirámide poblacional. España es un país cada vez más viejo, la esperanza de vida aumenta y el gasto sanitario y de las pensiones crece sin que la evolución del empleo permita ser optimistas. Según las proyecciones del INE, en sólo 30 años cada empleado deberá soportar el gasto de más de un jubilado.
Estamos pues ante una tormenta perfecta que debe afrontarse con reformas profundas que permitan dinamizar el mercado de trabajo y aumentar la recaudación del Estado, sin descartar tampoco incentivar la contratación de seguros privados de pensiones.
