Si no se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado, España no saldría del Procedimiento de Déficit Excesivo porque no podría cumplir con el 3,1 que exige Bruselas, aparte de exponernos a una elevada multa. Además, se lesionaría la previsibilidad financiera de las comunidades autónomas, encargadas de prestar los principales servicios ligados al Estado del Bienestar, como la Sanidad o la Educación, y no podrían llevarse a cabo las políticas impulsadas u orientadas por Ciudadanos, como el complemento salarial para jóvenes, el plan de protección de la familia y contra la pobreza infantil, la red Cervera de Transferencia Tecnológica y su modelo de innovación basado en la cooperación público privada, el aumento de los recursos de la AEAT para luchar contra el fraude, la modernización de la Justicia, los primeros programas de gratuidad de los libros de texto, el incremento de las ayudas a dependientes y parados de larga duración, ni los fondos para la formación de profesores. Tampoco podría financiarse la ampliación del permiso de paternidad, otra de las condiciones puestas por Ciudadanos e incluida en las cuentas de 2017 para el primer tramo de cuatro semanas. La ampliación de la tarifa plana para autónomos o la reducción del IVA cultural también se frustrarían.

Gracias a la fuerza negociadora de los liberales, estos Presupuestos no supondrán, por primera vez desde el estallido de la crisis, recortes en políticas sociales ni subidas de impuestos, mientras se consigue reducir en 900 millones el gasto en duplicidades y burocracia. Como se advierte, el coste del "no Presupuesto" sería considerable en términos sociales y de modernización de la economía y de las instituciones. Todo ello lo sabe bien un partido como el PSOE, cuya candidata más avalada a la Secretaría General preside una comunidad autónoma que necesita previsibilidad financiera. Lo sabe tan bien como sus compañeros Ximo Puig, Javier Lambán o Javier Fernández. En realidad, toda la cúpula del partido lo sabe, pero, por desgracia, los socialistas siguen poniendo una dudosa rentabilidad política a corto plazo por encima de los intereses generales de España.

Ningún partido responsable puede desentenderse de la estabilidad tras una década de incertidumbre económica, desempleo desbocado y precariedad laboral generalizada. La estabilidad política es igualmente imprescindible después del año malogrado con un gobierno en funciones. El "cuanto peor mejor" practicado por populistas y separatistas es impropio de un partido de gobierno. El camino son las reformas profundas vía negociación. Lo demás, aquí y ahora, no merece el nombre de política.