Lleva semanas oyéndose la matraca de que los veintiocho imputados en la causa del golpe de Estado catalanista -treinta si se acaban sumando al sumario Josep Lluís Trapero y Josep Maria Jové- serán probablemente condenados por sedición y malversación (échenle más de veinte años de cárcel a cada uno) pero no por rebelión por no concurrir el requisito de la violencia. Es falso. Entiéndanme: yo no sé lo que dictaminará el juez. Lo que es falso es que no concurra el requisito de la violencia.

No hace falta bucear mucho en los manuales de derecho penal para encontrar definiciones de violencia que no se limitan a la violencia física que todos asimilamos a un alzamiento militar con muertos en las calles. La violencia en democracia no siempre es física y es un logro moral que así lo consideremos. Tampoco hace falta investigar mucho para encontrar definiciones de golpe de Estado que no implican violencia física. Lean a Curzio Malaparte, por ejemplo. 

Ni siquiera hace falta recurrir a la definición de la RAE, que dice que violento es aquel que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira, que emplea una fuerza e intensidad extraordinarias o que emplea la fuerza física o moral. 

Basta con remitirse a algunas resoluciones de los tribunales españoles (del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y también del de Cataluña) que señalan que el concepto de violencia incluye no sólo el ejercicio de la fuerza física sino también la amenaza seria y fundada de una hipotética violencia futura. 

El debate es absurdo para todos aquellos que vivimos en Cataluña. Que el independentismo catalán ha hecho uso de una violencia extrema para la consecución de sus fines es una evidencia al alcance de cualquiera no abducido por la revolución de las sonrisas. Los asaltos a las sedes de los partidos políticos de la oposición, las palizas callejeras a sus militantes, las huelgas patronales, los cortes ferroviarios, las amenazas diarias en las redes sociales, la marginación de los padres que piden que sus hijos sean educados en castellano, los insultos en los medios de comunicación públicos y privados, la pasividad de los Mossos frente a determinados delitos, la llamada resistencia pasiva (que no es más, en un sentido estrictamente jurídico, que resistencia a la autoridad), el aplastamiento de los derechos de la oposición en el Parlamento catalán y, por supuesto, la desobediencia de las sentencias judiciales y la ruptura de la legalidad constitucional y estatutaria son pruebas evidentes de una violencia radical, constante y gradual que ha desembocado en un golpe de Estado de manual de primero de derecho.

Es más. ¿Cómo pensaban los cabecillas independentistas mantenerse en el poder tras un golpe de Estado ejecutado contra el 53% de los ciudadanos catalanes y una amplia mayoría de los del resto de España? ¿Con talante? ¿O quizá esos 17.000 hombres armados que responden al nombre de Mossos d'Esquadra habrían tenido algún papel que jugar en la represión de los contrarios al golpe?

Aquí habrá que recordar también, porque en la Cataluña del régimen se ha borrado cualquier recuerdo al respecto, que la banda terrorista catalana Terra Lliure fue desmantelada en fecha tan reciente como 1992. ¿Franco, que murió en 1975, es una presencia viva en la Cataluña de 2018, pero los terroristas de Terra Lliure, muchos de los cuales siguen activos en los partidos políticos catalanistas y sus organizaciones civiles y medios de comunicación afines, son negligibles? ¿O cómo funciona esto?

Sí, señor juez: violencia. Haga justicia aunque perezca el mundo.