Nunca podremos saber cuántos de los casi 20.000 ancianos muertos en residencias a causa del Covid-19 fueron víctimas propiciatorias de un protocolo de selección que los privó de ser atendidos en un hospital.
Lo que sí sabemos, porque así lo ha reconocido el consejero de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, es que este truculento triaje se comunicó en forma de directiva para aliviar la saturación de los centros sanitarios y las urgencias. Las circunstancias en que se produjo aquel protocolo son de sobra conocidas. Los muertos diarios se contaban por miles y los ataúdes se apilaban en las funerarias como cajas en una zapatería, así que los ancianos más vulnerables fueron proscritos, apartados, relegados.
La confesión del consejero Enrique Ruiz Escudero el pasado jueves en la Asamblea de Madrid, que atribuyó a un “error” tan macabro protocolo de selección, apela a la conciencia de la nación y debería sacudir el debate público. Entre otras muchas razones, porque no es descartable que directrices similares se produjeran en otros lugares donde la emergencia, el miedo y el colapso complicaron la articulación de respuestas siempre falibles en medio del caos.
De las consecuencias penales de este luctuoso asunto ya se encargarán los tribunales, por mucho que algunos señalen en otras direcciones para desviar la atención, minimicen el asunto para tapar a los responsables o tomen parte de las vendettas internas que van aflorando. Pero de las consecuencias morales y político administrativas o nos encargamos entre todos con voluntad constructiva, o la confianza de los ciudadanos en el Estado y la imagen de España en el exterior se deteriorarán.
Se abusa indecorosamente de Adorno y su imperativo cultural, según el cual escribir poesía después de Auschwitz era “un acto de barbarie”. Sin embargo, no se me ocurre un ejemplo más ilustrativo para subrayar que ahora mismo no hay nada más perentorio que arrojar luz sobre este escándalo para saber qué pasó exactamente, dónde, por qué y cuántas han sido las personas y familias afectadas. Pero no con ánimo destructivo, sino con voluntad de que algo así nunca más vuelva a suceder en nuestro país.
Esclarecer la gestión de la pandemia en las residencias y los sistemas de selección adoptados en los hospitales españoles debería servir de revulsivo para rearmar y fortalecer el sistema de salud, así como la atención en las residencias de mayores y dependientes. Se lo debemos a los fallecidos y a sus familias. Y también nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad porque un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos en la adversidad corre el riesgo de convertirse en un Estado fallido.