Por la gracia de este gobierno de coalición rojimorada, asociado con los herederos de ETA y el golpismo catalán, ha sido publicada en el BOE la denominada Ley de Memoria Democrática.
Alguno de sus artículos resultan pavorosos. Y el espíritu general de la norma es opuesto a la historia científica. Un atentado contra la obra consolidada de la historiografía sobre la República, la guerra y la dictadura. Un cuento chino para crédulos y apologetas del bando republicano, anarquista o estalinista.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al memorial de las víctimas de la represión franquista en el Cementerio del Carmen de Valladolid.
Los historiadores, decía, ya pueden ir cancelando sus memorias y las bibliotecas escondiendo los libros serios sobre aquellos trágicos periodos, so pena de que llegue algún picapleitos en busca de revancha sancionadora. En consonancia con el engendro legal, la obra del embajador Shlomo Ben-Ami sobre los orígenes de la II República o los trabajos del liberal Javier Tusell acerca de la figura de Francisco Franco deben ser quemados en la hoguera del olvido.
Aunque se proclame que "esta ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres", el texto rezuma arbitrariedad. Así, legisla sobre el conflicto bélico y su posterior régimen, quedando fuera del asunto todo lo precedente, que fue mucho y gravísimo. Un pasado sin el cual no puede comprenderse todo lo posterior y que a nuestros legisladores no les ha parecido importante.
Es decir, la violencia política de los años treinta, con la Unión Soviética dictando las tropelías del partido comunista, sería algo anecdótico. Y, además, ensuciaría el relato partidista de esta izquierda. ¿Paracuellos? No existió.
Una de las cosas más encantadoras de la nueva ley es que declara ilegal el franquismo. Yo no sé qué clase de infantilismo maniqueo puede llevar a alguien a pretender que algo desaparezca por dictado legal. Como si mañana el BOE decretara que la tierra es plana. El autoritarismo normativo nos señala qué debemos recordar y, por supuesto, cómo debemos hacerlo. En eso se parece mucho a la propaganda franquista.
El afán justiciero abarca también otros asuntos, como el reconocimiento de las víctimas. Se consideran así "las personas que sufrieron privaciones de libertad o detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos como consecuencia de la Guerra, la lucha sindical y actividades de oposición a la Dictadura". De tal modo, José Calvo Sotelo, asesinado unos días antes del 18 de julio de 1936, no sería una víctima.
Es más, la ley tiene un detalle póstumo con él al despojarle del título de duque con Grandeza de España. Y, hablando de detalles, el victimario incluye a "las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos, cuyos hablantes fueron perseguidos por hacer uso de estas". Cuánto necesita el gobierno los votos de ERC y Bildu.
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Por otra parte, y no se diga que la memoria democrática no luce progresío, se insta a las administraciones públicas "para que adopten las medidas y actuaciones necesarias para el reconocimiento del papel activo de las mujeres en la vida intelectual y política, en la promoción, avance y defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales". Está bien recordar a Dolores Ibárruri, la Pasionaria, admiradora de Stalin y figura clave del Terror rojo, que extendió incluso hasta las filas de su propio partido, emulando la mejor tradición bolchevique.
En definitiva, esta ley inservible e impropia de una sociedad libre en la que cada cual piensa como quiere, es un artefacto ideológico. Decreta sobre la memoria y pretende prolongar aquella ocurrencia del ingenioso José Luis Rodríguez Zapatero: reabrir las heridas guerracivilistas para mantener el pulso político. En suma, es un texto hostil a la Transición, a su espíritu de reencuentro, de zanjar viejas disputas. El PSOE perdió la guerra y ahora pretende ganarla a golpe de decretos iliberales. Qué arrogancia.
