No me gustan los maximalismos, pero creo poder afirmar con honestidad intelectual que estamos ante la peor ley desde que acabó la dictadura.
El ministro Félix Bolaños ha sido muy elocuente cuando ha salido a la plaza a explicarnos que "esta es una ley que marca historia". Esta retórica me suena, ya hemos oído más veces la grandilocuencia de los que se creen profetas de la historia. No son sólo palabras, no es el discurso de un caradura que tiene que justificar que se ha vendido por siete votos. Es mucho más y peor.
Bolaños ha continuado con su discurso mesiánico y ha dicho algo que no es broma. "Es la historia de un Gobierno valiente, de un Partido Socialista valiente". Ha confundido una vez más al Partido Socialista con el Gobierno. No es de extrañar cuando es práctica habitual que se utilice al secretario de Organización del partido para hacer de correa de transmisión entre los ministerios y algunos empresarios.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en Brasilia. EFE
Es muy grave que se confunda la historia del partido con la historia del Estado, y lo llevan haciendo mucho tiempo. La historia de este país parece que sólo la hacen los socialistas, los demás son todos reaccionarios. Ellos son los garantes de la memoria (la histórica y la democrática) y los impulsores de la historia.
Pero si las leyes de la república fueron malas y no duraron fue principalmente porque dejaron fuera a más de la mitad de los españoles.
El criterio de incluir al mayor número de personas es el que todo legislador debe tener en la cabeza. Pongamos un ejemplo para que el señor Bolaños y sus compañeros de bancada lo entiendan.
Si yo tuviese un partido con mayoría para aprobar una ley, ¿aceptaría él que yo penalizase el aborto? Seguramente no. La labor legislativa es una tarea de consenso, sobre todo en temas sensibles.
Esto es lo que ha dicho la Comisión de Venecia y lo que no ha querido entender Pedro Sánchez. Somos un Estado de derecho y el abuso del soberanismo parlamentario es una amenaza.
¿Por qué? Porque el soberanismo parlamentario permite que una mayoría en las Cortes pueda violentar los derechos de los demás, ya sean mayorías o minorías.
Pero no es así. El Estado de derecho parte de la idea de que los derechos son previos a las mayorías. O, lo que es lo mismo: que las minorías no pierden sus derechos. Si no fuese así, cada plebiscito sería una revolución, cada votante un soldado y cada voto una bala.
El nuevo borrador de la ley de amnistía incluye el terrorismo, la malversación y la alta traición, y lo incluye porque el objetivo es que queden amparados los 400 casos pendientes en la justicia española.
La única condición es que no vulneren las normas europeas. Las españolas sí pueden saltarse. Y ya sabemos por qué. Lo dijeron en el pacto de investidura firmado por PSOE y Junts: "La complejidad histórica y política de estas cuestiones ha conllevado que una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema político vigente en España".
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños, este jueves en el Congreso.
Es decir, que desde los Decretos de Nueva Planta de 1716, el Estado español ha sido el enemigo del Estado catalán. Esta es la historia de la que habla Félix Bolaños.
No sorprende, por tanto, que la ley de amnistía "reconozca" que el Estado español, con sus leyes, sus jueces y sus instituciones, ha sido parte del "problema".
Si estudiamos el contenido de la ley, si leemos el preámbulo, si atendemos a las declaraciones de los redactores y de las partes interesadas, identificamos un argumento dominante: la culpa del problema de convivencia en Cataluña la tiene el Estado español.
Aceptar este argumento, y consolidarlo en forma de ley, amnistiando actos de terrorismo, malversación, traición e intentos de secesión, contra la opinión de muchísimas personas, y con la sospecha de que no se persigue el bien común, sino perpetuar al Partido Socialista en el Gobierno, es lo que me permite afirmar sin miedo a exagerar que estamos ante la peor ley de la historia de la democracia española.
