La situación económica de España sigue dando señales preocupantes, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por comunicar lo contrario y construir un relato de España como el milagro económico europeo que no es.
A las evidencias microeconómicas, que apuntó magníficamente Cristian Campos en su columna Hay que estar ciego para no ver las señales: España es ya un país de tiesos, se suman realidades macroeconómicas que desacreditan el relato triunfalista del Gobierno.
El deterioro del mercado laboral evidencia las dificultades estructurales que enfrenta el país, con la peor caída de empleo para un tercer trimestre en más de 30 años, que ha supuesto la pérdida de 204.000 puestos de trabajo.
El reciente anuncio de medidas económicas propuesto por Pedro Sánchez, que incluye ayudas directas y préstamos subvencionados con fondos europeos, no es más que una estrategia mediática para calmar a la economía real, que en nuestro país sustentan en gran medida miles de pymes y autónomos.
Estos recursos, como ya se ha visto en tantos otros sectores, pueden generar una peligrosa dependencia. En vez de fomentar la competitividad, las subvenciones constantes tienden a perpetuar una cultura empresarial basada en la búsqueda de ayudas públicas.
Los economistas llamamos a esto "trampa de la dependencia". En lugar de incentivar la innovación y la eficiencia, muchas empresas pueden volverse dependientes de los fondos públicos, debilitando su capacidad de competir a largo plazo sin apoyo externo. No funcionan, salvo que lo que interese sea crear un tejido económico dependiente del sector público.
En España, la estructura empresarial está dominada por pymes, que representan el 99,9% del tejido empresarial y emplean al 66,7% de los trabajadores, según datos del Ministerio de Industria. Este tipo de empresas, cruciales para la economía española, siguen enfrentando serios problemas estructurales, como una baja productividad y dificultades para acceder a financiación privada. De ahí que las subvenciones y créditos públicos sean tan demandados.
Ahora bien, debemos preguntarnos si no se está desincentivando el crecimiento y el incremento de productividad de estas empresas al no permitirles que abandonen en biberón y empiecen a comer alimentos sólidos.
El informe publicado sobre el empleo es alarmante: la pérdida de 204.000 empleos en el tercer trimestre de 2024 supone el peor dato para este periodo desde 1993. España tiene la mayor tasa de paro de la UE, con un 11,5%, algo que no encaja con un discurso económico triunfalista.
Esto es preocupante no solo por la magnitud de la cifra, sino por el momento en el que ocurre. Normalmente, el tercer trimestre coincide con el auge del sector turístico, que suele crear miles de empleos temporales.
El hecho de que ni siquiera el sector turístico haya podido absorber trabajadores es indicativo de una desaceleración más profunda en la economía. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el turismo aporta un 12,4% del PIB español y emplea a más de 2,6 millones de personas, lo que significa que una caída en este sector tiene efectos devastadores en el conjunto de la economía.
A esto se le suma el aumento de la inflación, que en septiembre de 2024 alcanzó el 4,5%, según el Banco de España. El encarecimiento del coste de vida, especialmente de la energía y los alimentos, está erosionando el poder adquisitivo de las familias y afectando la demanda interna, que es clave para la recuperación del empleo.
Estos días he escuchado en algunos medios de comunicación decir que "los precios caían porque la inflación bajaba respecto al año anterior". No, los precios siguen subiendo. Si se reduce la inflación, subirán menos, pero subir, siguen subiendo.
El gobierno de Sánchez ha apostado por una política expansiva, aumentando el gasto público. En 2023, el déficit público alcanzó el 4,8% del PIB, y la deuda pública se sitúa en torno al 111% del PIB. Estos niveles son insostenibles a largo plazo.
En España hubo una gran preocupación durante los años posteriores a la crisis del petróleo del 73. Y el ministro de Hacienda, aún en blanco y negro, tuvo que ofrecer un mensaje televisado a la nación por la gravedad de la situación. La deuda pública por entonces alcanzó el 10% del PIB. ¡El 10%! Ahora la situación es mucho peor, aunque no trascienda al conjunto de la población.
La política expansiva está chocando con la necesidad de reformas estructurales. El mercado laboral español sigue siendo uno de los más rígidos de Europa. A pesar de la reforma laboral, la tasa de desempleo estructural sigue siendo muy alta.
El Banco de España también ha señalado en repetidas ocasiones que la productividad del trabajo en España está por debajo de la media europea. Entre 2010 y 2022, la productividad laboral en España creció sólo un 0,3% anual, muy por debajo del promedio de la eurozona, que fue del 1,2% anual.
Este estancamiento en la productividad, junto con una estructura laboral poco flexible, explica en gran medida por qué España sigue siendo tan vulnerable a las crisis económicas.
El gobierno sigue apostando por los cuidados paliativos, sin resolver, ni mostrar interés en resolver, los problemas estructurales de la economía española. La dependencia de los fondos europeos y las subvenciones no puede sustituir a las reformas necesarias para mejorar la competitividad y la productividad.
Es urgente que España aborde estas cuestiones si quiere evitar que las crisis coyunturales se conviertan en una gran crisis crónica. Sólo con reformas estructurales profundas y una gestión responsable de los fondos públicos se podrá asegurar un crecimiento sostenible y una economía más competitiva.
La economía española enfrenta un desafío estructural que va más allá de las crisis coyunturales. La constante dependencia de subvenciones, préstamos estatales y ayudas europeas está generando una peligrosa complacencia. Mientras algunos celebran determinadas cifras a nivel macro, la realidad es que España se encuentra atrapada en un ciclo de bajo crecimiento de la productividad, elevada deuda pública y destrucción de empleo en los sectores más dinámicos.
La solución a estos problemas no puede pasar por más intervención estatal. Como exponía Milton Friedman, "uno de los grandes errores es juzgar políticas y programas por sus intenciones en lugar de por sus resultados".
En este sentido, es urgente que España adopte reformas estructurales profundas para mejorar la productividad y la competitividad de su economía.