La anulación que ha decretado el Tribunal Constitucional de las estructuras de Estado que está tratando de montar la Generalitat son un golpe definitivo a la estrategia soberanista. La reacción del Govern por boca de su portavoz, Neus Munté, anunciando que mantienen "firme" su compromiso de seguir adelante y asegurando que el fallo no tiene una "afectación real" a su programa es un puro ejercicio de voluntarismo. La realidad es que esta sentencia establece claramente cuáles son las fronteras de la legalidad.
El Constitucional ha anulado la Agencia Tributaria catalana -mediante la cual la Generalitat pretende gobernar todos los impuestos- y también los pasos previos para controlar las infraestructuras y la energía. Y lo ha hecho por unanimidad.
¿Desobediencia?
Saltarse el fallo del Tribunal no es un asunto menor y la desobediencia puede comportar incluso responsabilidades penales. Recuérdese que cuando el TC anuló el año pasado la resolución independentista del Parlament, ya avisó individualmente a una veintena de dirigentes autonómicos de que debían abandonar cualquier iniciativa encaminada a la secesión.
Si los responsables políticos catalanes insisten y hacen oídos sordos a esta resolución, el Estado deberá mantenerse firme y hacer cumplir la ley, que en el Código Penal contempla delitos como el de sedición y rebelión con penas de cárcel. De ahí también la importancia de que se conforme en España un Gobierno sólido y moralmente legitimado para poder hacer frente al desafío independentista.
Artículo 155
Si las palabras de Munté no son un brindis al sol, no hay que descartar que hubiera que recurrir en algún momento al artículo 155 de la Constitución, que prevé intervenir a aquella comunidad autónoma que atente contra el interés general ignorando sus obligaciones. En ese caso, el Gobierno asumiría el control de los órganos autonómicos.
Tampoco puede desecharse que ante este nuevo revés al procés del Constitucional, los partidos separatistas intenten trasladar la tensión a la calle. Tanto el próximo Gobierno como los partidos constitucionalistas tienen que tener clara su estrategia para defender la legalidad y arrancar a los independentistas la más mínima esperanza de que podrán doblar la mano al Estado de Derecho.