En vísperas de iniciarse las conversaciones con el Rey para la formación de gobierno, y 48 horas después de constituirse las Cortes con movimiento subterráneo de votos separatistas a favor del PP, el Ejecutivo en funciones ha decidido dar oxígeno a la Generalitat. Lo ha hecho recibiendo en la Moncloa a Oriol Junqueras con gran oscurantismo.

De entrada, sorprende que la reunión del vicepresidente catalán con Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro se convocara de forma secreta, y sólo se supo de su existencia porque fue filtrada por el Gobierno de Carles Puigdemont. No se permitió la presencia de cámaras y no hubo declaraciones ni antes ni después de la entrevista. Todo un ejercicio de opacidad.

Posibles aliados

Al margen de los asuntos tratados y del resultado de las conversaciones, la propia reunión es toda una declaración de intenciones, particularmente por el momento escogido. Es evidente que hay una maniobra por parte de Rajoy para blanquear la imagen de los separatistas, de forma que vuelvan a ser interlocutores válidos y, llegado el caso, aliados en el Parlamento.

En sólo unas semanas Rajoy ha enterrado el hacha de guerra y ha pasado a entenderse con la Generalitat y los dirigentes independentistas. Ha abierto la puerta de la Moncloa a Puigdemont y a Junqueras, también a Tardà y a Rufián, ha habido un encuentro secreto con Homs y el PP apoya ahora que Convergència tenga grupo parlamentario sin reunir las condiciones para ello.

Sede europea

De la reunión de este jueves con Tardà ha trascendido la predisposición del Ejecutivo a respaldar que Barcelona acoja la Agencia Europea del Medicamento, que tendrá que abandonar su sede de Londres como consecuencia del brexit. También se ha sabido que el Gobierno ha autorizado a la Generalitat a refinanciar 680 millones de euros de deuda para que pueda sufragar vencimientos inminentes, algo que no pasa de ser un trámite. Ha habido gran confusión, sin embargo, en torno a si Montoro habría mostrado en este encuentro su disposición a estudiar la reivindicación de la Generalitat de que el Estado transforme 1.600 millones de euros de su deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. Las dos partes lo han negado. Saldremos de dudas en los próximos meses.

Llegados a este punto cabe preguntarse por qué el Gobierno trata de dar un balón de oxígeno a una Generalitat declarada en rebeldía y que no ha dado síntomas de intentar reincorporarse a los cauces de la legalidad. ¿Es acaso el precio a pagar por un posible apoyo a la investidura de Rajoy? Eso sería terrible, porque equivaldría a admitir que se está poniendo el Estado al servicio de un partido. Pero es el propio Ejecutivo el que alimenta esa idea al abrazarse a los separatistas ofreciéndoles colaborar justo en este momento. El problema es que invita él y pagamos todos.