El Tribunal Constitucional acaba de fallar contra un abuso que viene cometiéndose sistemáticamente con el ciudadano, consistente en atribuirle de forma automática una supuesta ganancia en cada transmisión de la propiedad de inmuebles, así sea en compraventa, transmisión o herencia.

Sin embargo, la crisis económica ha venido a demostrar que el supuesto incremento continuo del valor de los bienes es una ficción. Es decir, que no siempre se genera una plusvalía que justifique que la Administración pueda reclamar su parte en el momento de transmitir la propiedad. Las asociaciones de consumidores hace tiempo que vienen denunciando lo que es una evidente injusticia.

Cuando el precio de la vivienda se desplomó en España empezaron a llegar demandas a los tribunales contra el pago del impuesto de plusvalía. Pero el coste de pleitear en unos procesos difíciles y caros no siempre compensaba. Algunos tribunales fallaron a favor de los demandantes, pero no ha sido hasta ahora que se ha pronunciado el Constitucional, con el valor añadido de hacerlo por unanimidad. 

Sangría para los ciudadanos 

Con su decisión de tumbar el impuesto de plusvalía, el TC ha borrado de un plumazo una de las grandes fuentes de ingresos de los ayuntamientos. Este tributo municipal, que se vincula al valor del suelo y de la construcción, ha llevado en los últimos años a muchos alcaldes a subir el catastro con el pretexto de su necesaria actualización, una práctica que ha causado auténticas sangrías entre los contribuyentes. Fue el caso de Madrid en tiempos de Gallardón.

El fallo del TC deja la puerta abierta a reclamaciones por posibles cobros indebidos. Pero, sobre todo, al Parlamento no le deja otra salida que legislar para cambiar la Ley de Haciendas Locales, la normativa que sustenta un impuesto injusto.