En apenas 24 horas, otras tres mujeres han sido brutalmente apuñaladas en nuestro país: Erika Lorena Bonilla (32) fue degollada por su marido, que luego completó su hazaña volando el domicilio conyugal en Vicálvaro; Mari Paz Gómez Pérez (45) también fue acuchillada hasta la muerte en su piso de Alcobendas -este caso se sigue investigando- y una joven de 24 años fue hospitalizada en estado muy grave tras ser apuñalada por su pareja y precipitarse al vacío en Madrid. Se teme por su vida.
Estos episodios engrosan el espeluznante balance de la violencia de género. La progresión de este tipo de crímenes está siendo tan excepcional que exige -igualmente- una respuesta extraordinaria por parte de los poderes públicos. Hay que tener en cuenta que en los últimos dos meses han sido asesinadas casi tres mujeres a la semana, un ritmo que cuadruplica el registrado el año pasado: 44 muertes por violencia de género confirmadas más ocho casos en proceso aún de investigación.
Protocolos ineficaces
Esta prevalencia de mujeres asesinadas no tiene precedentes en España. Sin embargo, cuando nos preguntamos las causas de este macabro repunte, la frustración se multiplica ante la falta de respuestas concretas. Lo único claro es que las cifras retrotraen a hace tres lustros, así que habrá que asumir que la ley y los protocolos de actuación vigentes son insuficientes e ineficaces.
Asumido el fracaso, es urgente que el Gobierno convoque a todas las fuerzas parlamentarias para aprobar cuanto antes un pacto de Estado que permita combatir esta lacra desde una perspectiva multidisciplinar y global. Todos los partidos se habían comprometido a impulsar un acuerdo para acabar con la violencia contra las mujeres, pero la sangría actual no admite dilaciones de ningún tipo. Y más aún cuando la progresión geométrica de las agresiones y de los asesinatos puede desanimar a muchas mujeres a denunciar.
Pisos puente
Es importante que toda la sociedad se involucre para que las víctimas de malos tratos acudan a la policía y pidan ayuda a la primera señal. Hay que garantizar el apoyo psicológico continuado y que la respuesta ante una denuncia no sea la activación de un mecanismo coercitivo sin seguimiento y vigilancia posterior en cada caso.
Es imprescindible habilitar pisos puente para que todas las mujeres agredidas y sus hijos -habitualmente víctimas propiciatorias- se sientan a salvo. Las administraciones tienen, en definitiva, que articular más mecanismos de protección. Y toda la sociedad en su conjunto debe preguntarse qué puede hacer en todos los ámbitos: la familia, la escuela, el trabajo, la sanidad, la seguridad y las leyes… La pasividad no es una opción y la estupefacción por sí sola no va a solucionar por sí sola el problema.