La negativa de Carles Puigdemont a debatir su proyecto de referéndum independentista en el Congreso de los Diputados, cuando destina ingentes recursos públicos para dar a conocer el procés por el mundo, prueba que la única motivación del bloque soberanista es mantener viva la llama del victimismo.
Si el propósito de la Generalitat fuera dialogar, contrastar argumentos y propuestas y, en definitiva, hacer política para sacar adelante un estatus jurídico distinto para Cataluña, su presidente no hubiera rehusado llevar la discusión sobre la consulta secesionista al único lugar en el que un debate de este calado tendría sentido: la sede de la soberanía nacional.
Sin réplica mejor
Al rechazar la invitación que este viernes le ha hecho formalmente Soraya Sáenz de Santamaría, mientras prevé anunciar su propuesta de consulta en una sala alquilada del Ayuntamiento de Madrid, Puigdemont deja patente que sólo se siente cómodo en la propaganda, el mitineo y las intervenciones sin réplica.
El president ha alegado que está dispuesto a debatir en el Congreso y en el Parlament sólo un acuerdo previo, ya cerrado con el Gobierno, sobre el referéndum, pese a que sabe perfectamente que el Ejecutivo no tiene capacidad alguna para pactar bilateralmente nada que afecte a los fundamentos del Estado y a la soberanía nacional.
Sin argumentos
El pretexto de Puigdemont para eludir el Parlamento no se sostiene y pone en cuarentena la credibilidad de todas las iniciativas presentadas hasta ahora por el PDeCAT y ERC para -en teoría- buscar una “salida política al problema territorial”. También desmonta la tesis de un Estado opresor, intransigente y que se cierra en banda a dialogar.
El bloque independentista quiso convertir en una prueba de la falta de calidad democrática de España la negativa del Senado a prestarle una sala para dar una conferencia y se apoyó en Manuela Carmena para encontrar en dependencias municipales de la capital de España una caja de resonancia. Al recordarle que constitucionalmente tiene abiertas las puertas del Congreso, el Gobierno ha planteado un órdago que Puigdemont no se ha atrevido a aceptar.
El president ha recordado quizá el caso del ex lehendakari Ibarrexte, que precipitó el final de su carrera política en 2005 tras someter a debate y votación un plan independentista. Ahora, Puigdemont no sólo pone en evidencia su falta de arrojo político, sino que acredita que su discurso se basa en una gran falacia y que es él quien no quiere debatir.