La decisión de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de Barcelona de iniciar una huelga indefinida es una pésima noticia. Tras 20 días de paros y movilizaciones, los empleados de Eulen han rechazado las condiciones laborales que les había propuesto la Generalitat en su papel de mediador en el conflicto, y que contemplaban una subida salarial de 200 euros al mes, esto es, un incremento medio del 11,5%.

Ahora habrá que recurrir a un arbitraje cuyo laudo será de obligado cumplimiento para la empresa y trabajadores. Pero mientras el Gobierno elige al árbitro y llega su pronunciamiento, guardias civiles se harán cargo de los filtros de seguridad que controlaban hasta ahora los vigilantes.

Debe prevalecer la seguridad

Se trata de una medida que ha sido cuestionada por partidos de izquierda -la alcaldesa Adela Colau la ha calificado de "barbaridad"-, porque entienden que equivale a limitar el derecho de huelga. Sin embargo, en este caso, al tratarse de una infraestructura estratégica debe prevalecer la seguridad, y existe el precedente de los controladores aéreos.

Es sintomático que el acuerdo propuesto a los vigilantes como última oferta haya sido rechazado por una gran mayoría: 150 votos contra 36. Y hay que decir que, sin llegar a lo que pedían, la oferta era razonable. Eso indica que o bien hay colectivos que tras los anuncios del fin de la crisis creen que ha llegado el momento de aumentar el tono reivindicativo, o bien que estos operarios se saben fuertes al tener en sus manos el funcionamiento del segundo aeropuerto de España en la temporada alta de turismo.

Políticas equivocadas

El problema para los vigilantes de El Prat es que existe hartazgo en la sociedad por las repetidas ocasiones en que un determinado colectivo decide tomar a los ciudadanos como rehenes en el intento por resolver su particular conflicto laboral. Por lo tanto, es posible que esa táctica de presión genere antipatía y se vuelva en su contra.

El problema para la Administración, por su parte, es que otros trabajadores descontentos podrían ver en lo ocurrido en El Prat el espejo en el que mirarse. Por ello, este episodio debería servir para extraer dos lecciones. La primera, que no hay que dejar que se pudran los asuntos encima de la mesa, que es lo que hicieron tanto Fomento como el departamento de Trabajo de la Generalitat. La segunda, que las Administraciones no pueden pretender continuar, un ejercicio tras otro, con las licitaciones a la baja, porque esa política acaba traduciéndose en precariedad y escasez de personal, o sea, en mal servicio a los ciudadanos y frustración en los empleados.