Los independentistas han dado un paso más en su desafío al Estado con el registro de la "ley de transitoriedad jurídica", un texto absolutamente disparatado con el que se pretende dar apariencia de legalidad al proceso que debería desembocar en la república catalana.

De entrada, llama la atención el momento elegido para presentar este documento. Un día después de que falleciera la decimosexta víctima de los atentados islamistas en Barcelona y Cambrils. Si a alguien le quedaba alguna duda, es otra prueba más de que los independentistas supeditan todo, absolutamente todo, a su calendario.

El disfraz para un trágala

Pero el factor añadido de que esta ley se presente antes incluso de la propia celebración del referéndum, sin esperar al resultado, indica que éste es una farsa, una mera excusa para acabar imponiendo, sí o sí, su proyecto político a todos los catalanes y al conjunto de los españoles.

La ley, avalada por PDeCAT, Esquerra Republicana y la CUP, incluye 89 artículos y es el embrión de la pretendida futura Constitución de una Cataluña independiente. Otorga la soberanía nacional al "pueblo de Cataluña" en exclusiva, dota de doble nacionalidad -catalana y española- a los ciudadanos, establece la cooficialidad de las dos lenguas, crea su propia Justicia, concede inmunidad al presidente de la república, prevé la amnistía de quienes fuesen condenados por participar en la construcción del Estado catalán, contempla la expulsión del Ejército español y que los Mossos tomen el control de puertos y aeropuertos.

Una ley contra una Constitución

Se mire por donde se mire estamos ante un enorme dislate. Por propia definición, ninguna ley puede derogar una Constitución. Y se da por hecha la doble nacionalidad, que es algo que no puede otorgarse unilateralmente. Se garantiza la amnistía a quienes hayan contribuido a la independencia, que es lo mismo que crear un coladero para redimir a los numerosos condenados o imputados por corrupción. Y se establece un control total del poder judicial, al quedar la elección de sus miembros sujeta a los políticos, copiando así lo peor de un sistema que los separatistas decían querer superar.

Pero casi tan escandaloso como este nuevo paso hacia la ruptura es la falta de respuesta política del Gobierno de Rajoy. Es incomprensible que teniendo una herramienta legal como el artículo 155 de la Constitución no se esté empleando, sobre todo porque tiene la virtud de que permite ir graduando la respuesta. Lo lógico es que el mismo 9 de junio que Puigdemont anunció la fecha del referéndum, Rajoy le hubiera apercibido exigiéndole que cesara en sus pretensiones. Eso le habría permitido poner el mecanismo en marcha en el Senado, como contempla la ley.

Evidente falta de respuesta

Tamoco la Fiscalía está actuando con la diligencia esperable, porque desde hace meses son flagrantes los preparativos de la sedición, un delito contemplado en los artículos 544 y 548 del Código Penal.

Hoy sabemos además que Rajoy tampoco prevé recurrir a la Ley de Seguridad Nacional. Por todo ello, y a la vista de la "encerrona" del sábado en las calles de Barcelona, empieza a extenderse el temor de que los separatistas puedan salirse con la suya por la vía de los hechos consumados. La pasividad del Gobierno es tan evidente como preocupante y raya la prevaricación por omisión.