El esperpento vivido en el Parlament de Cataluña con la tramitación de la ley de convocatoria del referéndum separatista se recordará en el futuro con la misma mezcla de desprecio y pitorreo con que se evoca el chapucero intento de golpe de Estado de Tejero. Carme Forcadell no viste uniforme, pero su despotismo marcial nada tiene que envidiar al de un sargento chusquero. En un pleno insólito y tras cerca de diez horas de un espectáculo sin precedentes, también se admitió a trámite esta madrugada la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, la principal ley de desconexión con le Estado impulsada por JxSí y la CUP.

El Gobierno español tiene fácil desmontar todas las campañas internacionales organizadas por la Generalitat para reclamar el derecho a decidir, la última -tal y como hoy informamos en EL ESPAÑOL- invocando el genocidio de Kosovo en favor de la consulta independentista. Para zanjar la cuestión, al Ejecutivo le bastaría con enviar a todas las cancillerías un vídeo con el resumen de lo acontecido este miércoles en el Parlament. 

Un rodillo antidemocrático

Fue ridículo ver cómo la presidenta de la Cámara se esforzaba por tratar de colar como plenamente democráticos el pisoteo de los derechos de los diputados, el desprecio del informe preceptivo del Consejo de Garantías Estatutarias, la suplantación de los funcionarios de la Cámara, el salto a la torera de los plazos establecidos, el hurto de tiempo para el debate, el intento espurio por transformar las enmiendas a la totalidad en enmiendas de supresión, la ocultación de información al Pleno...

Carme Forcadell y la Mesa del Parlament actuaron como un rodillo. No se molestaron siquiera en guardar las formas y la apariencia de legalidad. Después de haberse hartado de dar lecciones de democracia, después de haberse jactado de lo bien que funcionará la República catalana en contraste con lo que consideran baja calidad democrática del Estado, actuaron exactamente como lo haría el legislativo de una república bananera.

Firmeza frente al desafío

Pero lo trascendente ahora es que las autoridades catalanas han pasado ya de las palabras a los hechos, y al hacerlo han cruzado las líneas rojas que de forma inexcusable obligan a intervenir al Estado de derecho. Todas las vías están abiertas y no hay que descartar ninguna: desde incautar las urnas llegado el momento, a suspender en sus funciones a quienes vulneran la ley o a actuar penalmente contra ellos. Lo inteligente es hacerlo con sentido de la medida y desde el consenso, pero con la firmeza que requiere este desafío. 

Puigdemont, Junqueras y Forcadell han preferido dejar de ser las primeras autoridades de Cataluña para convertirse en jefes de una banda de delincuentes. Como tales hay que tratarles.