La claridad y la rotundidad de las juezas Mercedes Armas y Carmen Lamela dejan sin argumento el planteamiento de victimismo y ambigüedad del Gobierno catalán y de los Mosos d'Esquadra. Mientras que el consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, ha acusado este miércoles al Ministerio Público de "excederse en sus competencias" por ordenar el precinto de los colegios electorales del 1-O, el mayor Josep Lluís Trapero ha dirigido un escrito a la Fiscalía Superior de Cataluña para advertir de que sus agentes aplicarán la orden con "proporcionalidad" y procurando evitar "consecuencias no deseadas", como la alteración del orden público.
Armas, magistrada del TSJ catalán que instruye el proceso al Govern por desobediencia, ha hecho suyo el caso y ha ordenado a los Mossos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que impidan la utilización de locales públicos para el referéndum. Su resolución, tras los reparos mostrados por Trapero, no deja margen a la indefinición.
La "inobservancia" del Govern
Lamela, por su parte, magistrada de la Audiencia Nacional, se ha declarado competente para investigar por sedición a los autores de los ataques a la Guardia Civil en Barcelona. Y actúa al comprobar la "clara inobservancia" del Gobierno catalán a sus instrucciones de suspender el referéndum ilegal.
Ojalá todos los poderes del Estado tuvieran la claridad de estas dos mujeres magistradas. Con sus decisiones han estrechado el cerco al 1-O, de tal forma que a los separatistas sólo les dejan dos salidas: el fracaso -si obedecen sus resoluciones- o la sedición -si optan por acceder tumultuosamente a los centros de votación-.
La tibieza de la Iglesia y del Gobierno
Su actuación contrasta, por ejemplo, con el ridículo papel de la Conferencia Episcopal, que ha emitido un comunicado a cuatro días del referéndum separatista en el que se lava las manos: apela al diálogo para la "solución del conflicto" prescindiendo de defender la unidad de España.
Pero sobre todo, las magistradas dejan en evidencia la pasividad y falta de respuesta política del Gobierno, que se ha limitado a delegar en el fiscal superior de Cataluña, Romero de Tejada, la neutralización del golpe separatista. Ellas encarnan hoy mejor que nadie la dignidad del Estado de derecho.
