Sólo siete horas después de que Soraya Sáenz de Santamaría anunciara a bombo y platillo que el Gobierno recurriría la decisión del Parlament de nominar a Carles Puigdemont como candidato para la sesión de investidura, el Consejo de Estado le respondía que no hay base legal para ello. Se trata de un varapalo tremendo, sin precedentes, que deja en evidencia y muy tocado al Gobierno.
Resulta sorprendente que antes de la intervención de la vicepresidenta, el Gobierno no haya tenido la cautela de sondear cuál podría ser la respuesta de su órgano consultivo. Ahora nos encontramos con que ésta es la primera vez que el Consejo de Estado no respalda una iniciativa sobre el procés.
Cataluña y la corrupción
Pero cabe preguntarse el porqué de la precipitación y de este patinazo, particularmente doloroso para el Gobierno por cuanto supone arruinar el estreno del nuevo jefe de gabinete, José Luis Ayllón, llamado a intentar reconducir junto a Sáenz de Santamaría la situación en Cataluña.
El ninguneo
Está claro que Moncloa trataba de cortar la hemorragia que en el PP están produciendo la crisis catalana y la corrupción. En las televisiones -no así en la prensa donde tuvo gran repercusión- pudo silenciar el martes la declaración del director de EL ESPAÑOL en la Comisión Bárcenas del Congreso, pero le fue imposible poner sordina un día después a la confesión de Ricardo Costa sobre Gürtel en la Audiencia Nacional.
Cambio de estrategia
Necesitaba un golpe de efecto. Por eso el Ejecutivo tomó la decisión de cambiar de estrategia. Recuérdese que desde el ministro portavoz al presidente Rajoy, y tanto en público como en privado, se había insistido en los últimos días en que el pleno de investidura de Puigdemont era inevitable por una cuestión de tiempos, y que sólo cabía suspenderlo después.
No es casual, por otra parte, que en la rueda de prensa de este jueves la vicepresidenta se jactase de que la medida -que suponía improvisar una estrategia de dureza- se había adoptado sin consultar a Ciudadanos, pese a que fue su socio de investidura y es la primera fuerza en el Parlament de Cataluña. Quería todos los honores de cara a la opinión pública y se ha pasado de frenada.
Huida hacia adelante
La insistencia ahora del Gobierno por llevar el recurso al Constitucional pese al informe negativo del Consejo de Estado tampoco tiene precedentes y sólo cabe interpretarlo como una huida hacia adelante, como un vano intento de salvar la cara. Pero la situación resulta ya insostenible para un Gobierno desquiciado que se ha quedado sin respuestas.
Ciudadanos debería plantearse la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas. Hasta ahora se ha negado en aras a la estabilidad, pero estamos ante un Gobierno desacreditado por la corrupción e incapaz de dar soluciones al problema del separatismo catalán. España, como demuestran los acontecimientos, requiere de nuevas ideas y de un impulso que los actuales gobernantes son incapaces de ofrecer.