La inviabilidad del sistema público de pensiones ha irrumpido en el debate político nacional como consecuencia de las manifestaciones que miles de jubilados vienen protagonizando en las principales ciudades de España. Lejos de encauzar el debate de forma rigurosa y constructiva en el marco del Pacto de Toledo, el Gobierno ha respondido a las movilizaciones de los pensionistas con recelo e improvisación.
Rajoy ha apelado a los objetivos de déficit y equilibrio presupuestario para plantear el déficit de la Seguridad Social poco menos que como un fatalismo ante el que no se puede hacer nada, lo que ha agravado la alarma que él mismo abonó cuando -como única solución a un problema estructural- pidió a los ciudadanos que contratasen planes privados complementarios.
La prima de Montoro
En el último momento, asustado por la envergadura de las protestas, Montoro se ha sacado de la manga una prima fiscal en la declaración de la renta para los más mayores que, lejos de calmar los ánimos, ha exacerbado la desconfianza de los ciudadanos. Ciertamente, la propuesta del ministro de Hacienda parece más un premio de consolación porque este año la subida de las pensiones es de un raquítico 0,25% que una medida encaminada a garantizar la sostenibilidad del sistema.
Los partidos de izquierdas han visto que a Rajoy se le abre un frente en su principal caladero de votos -los mayores de 65 años- y, en lugar de actuar con altura de miras, compiten por capitalizar las movilizaciones a base de demagogia. El PSOE exige volver a vincular el incremento de las pensiones a la inflación -como hasta 2013- y propone impuestos a la banca para sufragar el incremento desmedido del gasto social que supondría esta media. Podemos apunta en la misma dirección y plantea además elevar hasta los 1.000 euros y catorce pagas el salario mínimo interprofesional para aumentar las cotizaciones, entre otros dispendios igualmente populistas.
Sistema en quiebra
La amenaza de quiebra del sistema público de pensiones no es ninguna novedad. La evolución de la curva demográfica, la baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida, el incremento del gasto médico y farmacéutico o el desequilibrio progresivo en la ratio entre pensionistas y contribuyentes son factores que vienen debilitando desde hace décadas el pilar básico del Estado del bienestar. Por otro lado, la precarización laboral, la alta tasa de temporalidad y el paro inasumible son consecuencias de una crisis que ha dejado sin fondos la hucha de las pensiones.
Estamos ante un problema endémico y la búsqueda de una solución requiere un debate riguroso al que no contribuyen ni Rajoy con su torpeza ni el PSOE y Podemos con su oportunismo. Si el presidente del Gobierno ya se veía desbordado por su incapacidad para responder al desafío separatista, ahora se encuentra con otra china en el zapato.