La fiscalía de Schleswig-Holstein se ha pronunciado este martes a favor de extraditar a Puigdemont por rebelión y malversación -tal como ha solicitado el juez Pablo Llarena- y de que se le mantenga en prisión ante el riesgo evidente de fuga. De esta noticia, que no condiciona la decisión que vaya a tomar el tribunal encargado de valorar la euroorden, sólo puede colegirse que la Justicia alemana actúa al margen de un estado de opinión cada vez más proclive a la causa separatista y sus falacias.
El relato y los planteamientos que los medios de comunicación alemanes esgrimen en el caso Puigdemont resultan desoladores y por sí solos explican que, según un sondeo de Die Welt, el 51% de los ciudadanos se opongan a la extradición del prófugo. Desde que el pasado 25 de marzo Puigdemont fue detenido en Alemania, la izquierda, los verdes y la mayoría de los medios han hecho de caja de resonancia del relato independentista sin que nadie del Gobierno haya hecho nada por corregir esa visión distorsionada de la realidad.
Una corriente de opinión
Así, un prestigioso columnista de Der Spiegel ha pedido “asilo político” para Puigdemont, la revista Stern ha presentado el asunto como un caso de “violación de derechos humanos”, la Süddeutsche Zeitung se refiere al ex presidente de la Generalitat como un “preso político”, y en un debate en la radio pública se ha planteado abiertamente la posibilidad de que en España no tenga un juicio justo.
El problema es que este ambiente favorable al secesionismo y sus mentiras no es privativo de los medios germanos, sino consecuencia de una corriente de opinión cada vez más presente en la prensa internacional. El Times británico y el New York Times estadounidense también han sucumbido a la propaganda secesionista en sendos editoriales en los que se han referido a España como a un “Estado opresor”.
Imagen falsa y tendenciosa de España
Las opiniones se sostienen por la calidad de los argumentos, no por el prestigio de sus emisores. Pero el Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados cuando medios internacionales influyentes cuestionan la separación de poderes de nuestro país. A la prensa extranjera se le puede acusar de falta de rigor, de tendenciosidad e incluso de ignorancia sobre la realidad española, pero esos reproches por sí solos no van a impedir que sigan promoviendo una imagen falsa sobre la calidad de la democracia española.
La indolencia del Gobierno español contrasta con la labor de zapa que viene haciendo el separatismo. Al renunciar a la batalla del relato, en Cataluña y en el extranjero, el Gobierno desatiende los intereses generales. El problema es que cuando no hay un modelo de trabajo, cuando la incompetencia es la norma, cuando falta impulso político y cuando la máxima responsable de la comunicación del Ejecutivo es alguien como Carmen Martínez Castro, esa batalla está perdida incluso antes de darla.