El Gobierno se ha puesto de perfil con el caso de las cintas de Corinna. Que se siente incómodo lo demuestra el hecho de que Pedro Sánchez despachara el asunto en el Congreso este martes en sólo 40 segundos. Sin embargo, ese empeño puede estar condenado al fracaso. Algunos de sus socios son precisamente quienes más atención le están dedicando.
El contenido de las grabaciones es muy comprometedor, tanto para el Rey Emérito como para el actual director del CNI. En ellas, Corinna zu Sayn-Wittgenstein implica a Juan Carlos I en el cobro de comisiones y acusa a Sanz Roldán de haberla amenazado tanto a ella como a su familia.
Juez y parte
Tal y como hoy informamos, el Gobierno ha tomado al excomisario Villarejo -autor de la grabación- como enemigo del Estado, y confía en poder dar por enterrado el caso una vez que comparezca el responsable del CNI en el Congreso. Se trata de un error. Una cosa es la lógica prudencia ante asuntos que pueden afectar a la imagen de la Casa Real -particularmente en el momento actual- y otra actuar de igual modo que lo hubiera hecho el Gobierno de Rajoy.
De entrada, el Ejecutivo tendría que iniciar una investigación de la que Sanz Roldán quedara al margen, para evitar que fuera juez y parte. Por otra parte, tratar de presentar a Villarejo como una amenaza a la estabilidad nacional es la forma más cómoda para Sánchez de abordar el problema.
Memoria, ¿qué memoria?
La inacción del presidente revela la dinámica sectaria del Gobierno: memoria histórica sí, cuando se trata de asuntos ocurridos hace 80 años como herramienta con la que aferrarse al poder; y memoria histórica no, si el objetivo es el de investigar al anterior monarca y al CNI.
El PSOE se equivocará si busca el carpetazo sin llegar al fondo del asunto. Estaría actuando por una mala entendida razón de Estado. No es así como se protege a las altas instituciones del país.