Ni en torno al trabajo de fin de máster (TFM) de Pablo Casado ni en relación a la tesis doctoral de Pedro Sánchez encontramos razones lo suficientemente censurables como para justificar, o exigir, dimisión alguna. Tampoco se aprecian indicios de conductas criminales.
Es más, como publica EL ESPAÑOL, el fiscal no halló delito en el caso de una alumna acusada de recibir favores académicos mucho más graves de los que presuntamente se benefició el líder del Partido Popular y sobre los que todavía tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo. Un significativo precedente.
Provisionalidad
En puridad, éstos son dos asuntos de medio pelo que crispan y bloquean la vida política. Dos episodios menores que han convertido el debate parlamentario en una montaña rusa de reproches donde todo vale y donde impera una guerra sucia ajena a las prioridades de los ciudadanos. La importancia que ha adquirido la defensa de la tesis doctoral de Sánchez es el símbolo más claro de la precariedad de un Ejecutivo que convierte la provisionalidad en norma.
Porque si algo hay que sacar de provecho de que el foco se centre sobre el doctorado del presidente Pedro Sánchez y el TFM de Pablo Casado es el de poder consignar un problema endémico de la sociedad española: el favoritismo del sistema universitario y su intolerable connivencia con el poder político.
Elecciones
En ningún modo hay que oponerse a que las instituciones que correspondan examinen con lupa las irregularidades que se hayan podido cometer. Lo que sí está claro es que tienen que ser los ciudadanos, y en el marco de unas prontas y necesarias elecciones, quienes se pronuncien y castiguen estas conductas.
Hace lo correcto Pedro Sánchez al publicar finalmente su tesis e intentar defenderse dentro de ese "lodazal" (así lo dijo en el Congreso) a cuenta de los currículums académicos. El problema, y conviene no olvidarlo, reside verdaderamente en un ámbito universitario muy necesitado de una honda transformación.