Más pronto que tarde, el Gobierno español va a tener que definir una posición ante el escándalo mundial que ha generado el presunto asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, crítico con el régimen de Riad. Aunque oficialmente Khashoggi sólo está "desaparecido", gana credibilidad la información de que fue descuartizado en el propio consulado de Arabia Saudí en Estambul.
El mes pasado, la venta de cuatrocientas bombas al país árabe dividió al Gobierno y a su principal socio: Podemos. Mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, se pronunció a favor de deshacer el compromiso comercial adquirido en su día por Rajoy, el presidente Sánchez la desautorizó: "No ha visto el impacto que podría tener esa medida", manifestó.
Las fragatas
Algo parecido sucedió en Podemos. Pablo Iglesias, que en política internacional se ubica al lado de Irán y frente a Arabia Saudí, su enemigo en la región, presionó de inmediato a Sánchez para que rompiera el acuerdo con Riad. Su argumento: que el régimen viola los Derechos Humanos.
El problema para Iglesias es que su camarada Kichi, que gobierna en Cádiz, no está dispuesto a poner en peligro la compra por parte de Arabia Saudí de cinco corbetas pendientes de construcción en los astilleros de Navantia, encargo del que dependen 6.000 puestos de trabajo.
Posibles sanciones
Es fácil, por todo ello, que las tensiones vuelvan a producirse ahora en el seno del Ejecutivo y también en Podemos. La tensión internacional crece por minutos. Trump ya ha amenazado con un "castigo severo" a Arabia Saudí si se confirma el asesinato del periodista y los ministros de Exteriores de Reino Unido, Francia y Alemania emitieron el domingo un comunicado conjunto expresando su "grave preocupación" por el caso.
Las más que previsibles sanciones que la comunidad internacional pueda imponer a Riad serán una presión añadida para el Gobierno de Sánchez. Hay que tener en cuenta que sólo en los últimos tres años España facturó a Arabia Saudí cerca de 1.000 millones de euros en venta de armas, pero es que el contrato de las corbetas que deben construirse en el astillero de San Fernando supera los 1.800 millones.
Todo ello hay que enmarcarlo, además, sobre el trasfondo de unas relaciones entre ambos países tan buenas como tradicionalmente turbias, marcadas por la sintonía de las dos monarquías. De ahí salieron grandes contratos y no pocos escándalos, como el de las comisiones en la construcción del AVE a La Meca o el fiasco del fondo hispano-saudí. La pregunta es: ¿por qué apostará el Gobierno de la autoproclamada ejemplaridad: por la ética o por la realpolitik?