El independentismo ha optado por la escalada de la agresividad. Las declaraciones de Agustí Colomines, uno de los líderes de la Crida, justificando que la independencia tardará "más" en llegar al no haber muertos, o las del diputado de ERC, Toni Castellà, en las que aduce que si no fuera por la UE, en España habría fusilados separatistas, son muestra de la creciente violencia verbal.
A estas provocaciones hay que sumar la proclama de Quim Torra este miércoles en Suiza, acusando al presidente del Gobierno de "proteger al hooligan de Felipe VI" y de ser, con su partido, el PSOE, "colaboradores necesarios" de la supuesta represión que sufre Cataluña. Torra es el presidente de todos los catalanes, la máxima representación del Estado en su comunidad, y por tanto son gravísimas e intolerables manifestaciones de este cariz.
Contra el Estado
Es evidente, y los hechos lo demuestran, que el nacionalismo está usando las instituciones contra el Estado. Esto da la razón a las manifestaciones que recientemente hacía José María Aznar en EL ESPAÑOL, en las que abogaba por la aplicación urgente del 155 como única forma de evitar que se vaya generando "una legalidad paralela". También Albert Rivera y Pablo Casado vienen reclamándolo.
El artículo 155 no se hizo para castigar delitos, sino para velar por que desde las instituciones no se atentara contra el sistema, tal y como está sucediendo. No es cierto que el desafío permanente del separatismo y su deslealtad no tengan consecuencias.
Disparate
La debilidad y la incoherencia del Gobierno es sintomática: este próximo viernes, cuando el Ejecutivo recurra ante el Tribunal Constitucional la reprobación a Felipe VI votada por el Parlamento catalán, Pablo Iglesias, socio prioritario de Sánchez, despachará con Junqueras en la cárcel de Lledoners el acuerdo presupuestario rubricado entre el Gobierno y Podemos.
Sánchez tiene que ser consciente de que no puede seguir gobernando en estas condiciones, y que entre la truculencia y el esperpento, ya sólo cabe el 155.