No cabe duda de que Pedro Sánchez ha encontrado la herramienta perfecta para su proyecto de relanzamiento político y de marketing electoral: los consejos de ministros en funciones de aquí a las elecciones del 28-A.
Poco le va a importar al presidente del Gobierno que la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral) especifique claramente la prohibición de "cualquier acto de inauguración" a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones. Porque donde está la ley, está la trampa.
Visibilidad
Aunque las Cortes se disuelven el 5 de marzo y ya no se puede por ley "inaugurar" ningún monumento ni cortar cintas, Sánchez está determinado a valerse tanto de los decretos como del más que desacreditado CIS de Tezanos -que este viernes se ha permitido asegurar que el PSOE es la "alternativa a la triderecha"- para ganar votos a costa del erario público.
En el último Consejo de Ministros antes de la convocatoria de elecciones, el Gobierno ha presentado una serie de medidas sociales, como la regularización del mercado del alquiler o el aumento del permiso de paternidad. También la regulación y la composición del Observatorio de la Mujer, a una semana exacta de las marchas feministas del 8-M. El coste estimado de estas iniciativas supera los 2.000 millones de euros.
Posición de privilegio
Sin embargo, esto es sólo un aperitivo de todo lo que el Ejecutivo ultima, y que va desde una convocatoria masiva de empleo público a un incremento de la financiación de las comunidades autónomas. Así lo avisó la titular de Hacienda hace unos días cuando anunció que los próximos consejos de ministros vendrán "muy cargados" de novedades.
Y si bien pueden recurrir los partidos de la oposición a la Junta Electoral Central todo este rosario de decretazos electoralistas por su descarada posición de privilegio, de momento Sánchez ya se ha garantizado que el BOE vaya a convertirse de facto en un apéndice de su libro y en la principal herramienta de propaganda.
