Pedro Sánchez ha intentado valerse de su victoria el 28-A, con mayoría absoluta incluida en el Senado, para nombrar presidente de la Cámara Alta a Miquel Iceta. Pero el anuncio ha sido precipitado. Iceta no es senador, y aunque pretende acceder al escaño por designación autonómica en sustitución de José Montilla, debe someterse necesariamente a la votación del Parlament.
ERC, JxCat y la CUP ya han anunciado su rechazo a la propuesta, pese a que el perfil de Iceta parecía un guiño al mundo nacionalista. De sobra es conocida su posición en el conflicto catalán: cuando no aboga abiertamente por el indulto a los líderes del procés, desliza la necesidad de que Cataluña celebre en un futuro un referéndum de autodeterminación.
Órdago fallido
El patinazo de Sánchez al enseñar sus cartas sí deja algo claro: no tiene intención alguna de concebir el Senado como un dique de contención contra el independentismo. Conviene recordar que la Cámara Alta es la institución encargada de poner en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que faculta al Estado a intervenir una comunidad autónoma.
Prueba de la improvisación de Sánchez es que los independentistas se enteraron por la prensa de la nominación de Iceta. Esa torpeza obliga ahora a los socialistas a negociar contrarreloj el nombramiento. Y ERC ya pone precio: la suspensión del juicio en el Supremo a los cabecillas del golpe separatista.
Concesiones
El constitucionalismo tiene motivos para temer que el órdago fallido de Sánchez puede encerrar nuevas concesiones a un nacionalismo insaciable y desleal. Más aún por cuanto Iceta promulga un federalismo de difícil encaje constitucional. El episodio pone de manifiesto, en cualquier caso, que la voluntad del presidente Sánchez sigue estando condicionada por una negociación con quienes tienen el propósito de romper España.