La propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de recortar un 7% la retribución del Estado a las empresas eléctricas y un 17,8% a las del gas es motivo de polémica. Ese planteamiento choca, de entrada, con los planes del Ministerio de Transición Ecológica: en el sector se entiende que este recorte en los pagos que reciben las empresas energéticas afectará a las inversiones que se necesitan para alcanzar los objetivos del plan de Transición Energética para 2030.

La tesis de la CNMC es que las gasistas y las eléctricas reciben una compensación excesiva (los llamados peajes) por el transporte y la distribución de luz y gas. Considera que la metodología actual para calcular la retribución que reciben está desfasada y que, por ello, los pagos estarían sobredimensionados.  

Retribución

Según la CNMC, la rebaja en la retribución a las empresas eléctricas y gasistas debería servir para bajar el recibo de la luz: un 3% en la factura doméstica y un 6% en la que abonan las industrias. El objetivo es loable y se presta a la demagogia fácil, pero hay que ver si se logra por los medios adecuados y a qué coste. 

De entrada, el primer efecto del anuncio del regulador ya se ha dejado sentir en las empresas del sector, que han sufrido un notable retroceso en su cotización en Bolsa: los inversores temen con razón un cambio en las reglas de juego que las haga menos atractivas.

Infraestructura

Las eléctricas y gasistas defienden que durante los últimos años han realizado inversiones millonarias para actualizar y mantener las redes y que, por tanto, una rebaja en los pagos causaría un enorme agujero en sus cuentas que les impediría seguir modernizando la infraestructura. De hecho, estiman que los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se irían al traste. Este plan del Gobierno estima inversiones de 240.00 millones de euros hasta 2030, de los cuales 40.000 millones estarían centrados en redes.

Lo que tampoco puede ser es que, tal y como avanzó Daniel Lacalle en EL ESPAÑOL, la remuneración del capital esté basada en los actuales tipos de interés, artificialmente bajos por la política del BCE destinada a sostener políticas de gasto. De cambiar en un futuro próximo, como es previsible, los efectos para las compañías serían catastróficos.     

Es lógico que el regulador quiera velar por el interés de los consumidores y por las finanzas del Estado, pero hay fórmulas para abaratar el recibo de la luz que no necesariamente pasan por poner en peligro futuras inversiones. Se podría empezar por rebajar el IVA de la luz, por ejemplo. Lo que no es posible es pedir a las energéticas que sigan haciendo inversiones millonarias como hasta ahora y al mismo tiempo  recortarles las retribuciones.