La repetición de elecciones no sólo tiene un coste intangible en el descrédito de la clase política en su conjunto, incapaz de llegar a un acuerdo y acabar con el bloqueo institucional. También en la logística electoral, que se cifra en cerca de 200 millones de euros. 

Poco después de que el Rey constatara este martes que ningún candidato gozaba de los apoyos para la investidura, y que por tanto había que volver a las urnas, comenzaron las protestas en las redes sociales de miles de ciudadanos. Una de ellas, que ya se ha hecho viral, exige que los millones de euros que los partidos prevén destinar a la propaganda durante la campaña y que salen del erario público se deriven a otros menesteres, como a ayudas sociales o Sanidad.

Pásalo

Los impulsores de esta iniciativa consideran inaceptable gastar de nuevo grandes sumas de dinero en unos envíos postales de publicidad electoral que acabarán en "la basura". En total, esta operación cuesta en torno a 35 millones de euros que salen del bolsillo de todos los españoles. Con el agravante de que los protagonistas de las elecciones son los mismos que hace medio año y que, en realidad, no han dejado de estar en campaña desde entonces. 

Es verdad que la Administración permite a los ciudadanos quedar fuera del buzoneo electoral gracias a una modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral de finales de 2018. Sin embargo, esto sólo se puede hacer mediante un farragoso procedimiento en la web del Instituto Nacional de Estadística.  

Voluntad

Ya que los políticos han sido incapaces de pactar y nos han llevado hasta aquí, lo deseable sería que ahora cerrasen un acuerdo para evitarnos a todos un gasto superfluo y redundante. En plena sociedad de la información ese tipo de campañas son anacrónicas y hasta molestas; incluso resultan contaminantes por los residuos generados por el papel y la tinta.

Seguramente pocos asuntos como éste pueden generar consenso en España. Sería todo un gesto que los partidos acordaran al menos no volver a empapelarnos con propaganda. Este pacto es viable si hay voluntad política, tal y como detallan a EL ESPAÑOL expertos en legislación electoral.