Después de cinco días de guerrilla callejera retransmitidos minuto a minuto por las pantallas del mundo entero ya es imposible sostener la falacia de que el independentismo catalán es una revolución de las sonrisas. Los esfuerzos de los líderes independentistas por atribuir la violencia a la Policía y a supuestos "infiltrados" resultan patéticos.
Más de doscientos policías heridos y más de un centenar detenidos son el resumen de la verdadera batalla que se vive cada día en las calles de Barcelona, ante unos "profesionales" de la agitación -en palabras del ministro Marlaska- que, bien organizados, no tienen reparos en sembrar el terror.
Huelga general
La huelga general de este viernes, impulsada por las propias autoridades catalanas y con la habitual coacción a comercios, empresas y universidades, sacó a la luz los peores tics totalitarios del nacionalismo. Por ello, estuvo poco acertado el ministro del Interior cuando, al hacer balance de la jornada, se vanaglorió de que en Cataluña se había podido "ejercer el derecho a la huelga" con "perfecta libertad".
Marlaska insistió en pedir a Torra una "condena expresa de la violencia" que, aunque pertinente, empieza a sonar a súplica a fuerza de reiterarse. Lejos de ello, el presidente de la Generalitat continúa en su huida hacia adelante. Después de anunciar un referéndum para el año próximo, ahora ha emprendido una caza de brujas en los Mossos d'Esquadra con la intención de depurar a los agentes que han cargado contra los manifestantes, como era su deber.
Tomar la iniciativa
El malestar empieza a cundir entre los policías nacionales, que, tras cinco días de intervenciones, estallaron ayer contra Interior reclamando que se les deje utilizar "todos los medios" de que disponen para hacer frente a los violentos.
Barcelona no puede soportar un día más el estado de excepción al que está siendo sometida. Los CDR ya han amenazado con una acampada indefinida en el centro de la ciudad con la intención de enquistar la situación. Ante la previsión de que las algaradas se eternicen, es el Gobierno el que tiene que tomar la iniciativa para evitar el colapso.