La gravedad de lo que se ha vivido estos días en las calles de Cataluña no tiene precedentes. La violencia ha conseguido someter Barcelona a un estado de sitio, con la connivencia, además, de las autoridades independentistas que han azuzado a los radicales y son corresponsables activos del colapso. Por eso, cualquier condena de Quim Torra a la violencia ya sería tan poco creíble como estéril. 

Ante la mayor crisis de seguridad que ha afrontado el Estado, no parecen acertadas las palabras del titular de Interior. Entiende Marlaska que la violencia que está sufriendo Cataluña "es estrictamente un tema de orden público" mientras que hay casi trescientos policías heridos y cerca de doscientos detenidos. Que haya más policías heridos que detenidos -casi un centenar más- es la prueba más evidente de que estamos ante mucho más que un problema de orden público.

Razones políticas

Resulta incomprensible que Interior ponga en el mismo nivel lo que se vive en Cataluña -donde se ha atentado contra la libertad de los ciudadanos, contra la integridad de los policías y con técnicas profesionales de guerrilla urbana- con delitos como riñas entre bandas o altercados esporádicos. Pero también resulta una incoherencia supina del ministro, pues es en estos casos delictivos cuando la acción policial es más expeditiva.

De hecho, lo que ha hecho Marlaska es corroborar que el operativo en Cataluña ha sido de contención por razones políticas y frente al criterio de los sindicatos policiales, que se quejan de que no han podido usar los recursos necesarios. En este punto coinciden con PP y Cs, que achacan al Gobierno lenidad -cuando menos- para garantizar el cumplimiento de la ley. 

Sin fisuras

La gravedad del momento, pues, es la que por la pura fuerza de los hechos obliga a un pacto de Estado entre PSOE, PP y Cs. Es indispensable un Gobierno fuerte, articulado en el modo que se acuerde, para hacer frente a un independentismo que ha demostrado a las claras su violencia inherente, y por eso causa extrañeza que Pablo Casado se oponga a esta coalición alegando que se entregaría la oposición a Vox y a Podemos. Y todo coincide, además, con la valoración más baja de los candidatos a las elecciones según el sondeo de SocioMétrica que hoy publica EL ESPAÑOL. 

Si un gran pacto de Estado era lo deseable antes de las algaradas en Cataluña, ahora es inaplazable. A estas alturas, en el constitucionalismo no puede haber ni fisuras ni diferencias de criterio.