Este martes se ha hecho pública la sentencia de la pieza política de los ERE de Andalucía. En los 1.700 folios de que consta el fallo, destaca la condena de seis años de prisión y quince de inhabilitación al que fue presidente de la Junta y del PSOE-A, José Antonio Griñán, y a nueve años sin poder ejercer cargo público a su antecesor, Manuel Chaves. La Audiencia de Sevilla considera a Griñán culpable de los delitos de prevaricación y malversación, y a Chaves, de prevaricación.
Ambos, pesos pesados del PSOE, que también fieron ministros del Gobierno, son para la Justicia los responsables de un sistema de ayudas públicas ilegales que la Administración autonómica implementó para privilegiar a empresas que teóricamente se encontraban en crisis y a terceros. Y lo hicieron de forma ajena a "cualquier interés social o público debidamente acreditado".
Las cifras de 19 condenados de los 21 acusados y 680 millones de euros defraudados, confirmadas tras más de siete años de instrucción, son la prueba de hasta qué punto en una región española se había instalado un mecanismo desde las autoridades para comprar con fondos públicos la paz social.
Corrupción
En vista de que la Justicia se iba abriendo camino en un sistema que parecía impenetrable, fueron continuos los obstáculos del poder político. Los sufrió la principal instructora, Mercedes Alaya, hasta el punto de lanzarse sobre ellas infundios de la peor bajeza con el único objeto de decretar su muerte civil.
Ante la complejidad del caso, Alaya llegó a solicitar un juez de refuerzo que le fue denegado, y recibió el apoyo del Poder Judicial después de que Alfonso Guerra atentara contra su honor, relacionándola sentimentalmente con el entonces alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.
No parece casual, pues, que su sustituta en el Juzgado siguiera un criterio de instrucción totalmente distinto. Pero la realidad es que la sentencia reconoce el trabajo y los desvelos de Mercedes Alaya cuando pondera el "esfuerzo y diligencia del Juzgado de Instrucción".
Clientelismo
Aunque Chaves y Griñán, emblemas del PSOE, fueron apartados en una estrategia clara de control de daños, su condena supone una enmienda a la totalidad a un partido que gobernó Andalucía durante cuarenta años, donde se llegó al extremo -buscado por sus dirigentes- de que partido e institución fueran tenidos por una misma cosa.
Alegar ahora que estos responsables políticos no se lucraron con los ERE es una verdad a medias, porque con ese régimen clientelar se dopaba al PSOE ante las elecciones mediante la compra, siquiera indirecta, de voluntades.
Sucede que a estas perversiones del sentido del servicio público se llegó por la falta de alternancia política en la región más poblada de España hasta que en diciembre de 2018 las urnas sacaron al PSOE de la Junta. El nuevo Ejecutivo andaluz debería ahora poner en marcha los mecanismos legales para que los condenados reintegren a las arcas públicas los casi 700 millones de euros defraudados. Es una contradicción que haya una condena por malversación y ni un solo euro devuelto.
La sentencia de los ERE de Andalucía no sólo condena las prácticas del gobierno socialista andaluz, también reprueba a dos exponentes del viejo PSOE, Griñán y Chaves, que gozaron de un poder extraordinario que, como ha quedado patente, no estaban sujetos a ningún control. Esa sensación de impunidad pervivió cuatro largas décadas que con este fallo pueden darse por concluidas.
