Pedro Sánchez está dispuesto a modificar el Código Penal para agradar a los presos condenados por el golpe separatista en Cataluña. Tal y como ha deslizado el Gobierno este martes -y en línea con lo que ya adelantó el presidente la víspera en RTVE-, el Ejecutivo procedería a reformular la legislación al gusto de los separatistas.
En esencia, esa amplia revisión del Código Penal que se plantea el Gobierno pasa por variar sensiblemente la tipificación de los delitos de rebelión y sedición, de manera que Junqueras y compañía puedan beneficiarse de esta gracia del Ejecutivo. O dicho de otro modo: que la Ley sea tan dúctil como quieran los independentistas.
Opinión pública
En un burdo intento por confundir a la opinión pública, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha enmarcado la "revisión y reforma" del Código Penal en una iniciativa más amplia que incluye también actualizar la norma para casos de "agresiones medioambientales" y "el consentimiento sexual".
Con este paso, Sánchez demuestra hasta qué punto es rehén de ERC y cómo trata de sortear el primer gran escollo de la legislatura: los Presupuestos Generales del Estado. No por casualidad Junqueras manifestó la semana pasada, desde la cárcel, que su apoyo a los Presupuestos depende de los resultados que dé "la mesa de diálogo".
Descrédito institucional
Ahora bien, conviene recordar que la modificación del Código Penal requiere, de entrada, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene que emitir un informe preceptivo. De ahí las urgencias del PSOE por configurar cuanto antes un nuevo CGPJ.
Los atajos y cambalaches con los que Sánchez pretende abrirse paso en esta legislatura contribuyen al descrédito de las instituciones. La redención de penas -o la excarcelación- a los separatistas a cambio de su apoyo a los Presupuestos demuestra que la cacareada desjudicialización de la política esconde un inmoral cambio de cromos. Al precio que sea.