El Gobierno vasco sabía desde el pasado verano que el vertedero vizcaíno de Zaldibar carecía de los requisitos ambientales y de seguridad exigibles. Así lo prueba la secuencia de estudios que la propia Administración autonómica manejó y que no comunicó a la empresa gestora del vertedero.
De hecho, transcurrieron casi cien días desde que los inspectores del Ejecutivo de Vitoria visitaron las instalaciones hasta que se comunicaron públicamente las irregularidades a la empresa concesionaria. El resultado: dos trabajadores sepultados y una catástrofe ambiental de la que ya avisó uno de los operarios desaparecidos.
Irresponsabilidades
Al margen del trágico resultado del derrumbamiento del vertedero, hay una cadena de irresponsabilidades que es obligado consignar. De entrada, la forma en la que el Gobierno de Vitoria ha obrado: esta misma semana, el consejero del ramo se permitió falsear la realidad al escudarse en el informe de una empresa que había certificado la seguridad del lugar.
Ese estudio fue desmentido por la realidad muy pronto: apenas dos semanas después de su realización se derrumbó el vertedero, dejando al descubierto materiales altamente contaminantes en un lugar cercano a grandes zonas urbanas.
Seguridad ciudadana
Más allá del intento de las autoridades del PNV y del PSE de escurrir el bulto, cuando no de confundir a la opinión pública, parece claro que el Ejecutivo autónomo no ha sabido obrar responsablemente, ni mucho menos garantizar la seguridad ciudadana. Tuvieron que pasar doce días para que el lehendahari Urkullu diese explicaciones del caso para, básicamente, exculpar a su gobierno.
Los niveles de contaminación en la zona -hasta 50 veces más de lo aconsejable- evidencian que las autoridades han sido ineficientes. La catástrofe se pudo evitar. Y eso obliga a exigir responsabilidades.