Existe ya un clima favorable dentro del PSOE al indulto de los presos del procés. O al menos, como cuenta hoy EL ESPAÑOL, lo hay para que se le conceda a la ex consejera Dolors Bassa, tras la petición formal que a principios de año realizó UGT en este sentido.

Esa iniciativa obliga al Gobierno de Pedro Sánchez a retratarse. Conviene recordar que Dolors Bassa se encuentra en prisión tras ser condenada a doce años de cárcel por rebelión y malversación.

Sin arrepentimiento

Conviene no pasar por alto que el juez instructor, Pablo Llarena, apreció riesgo de fuga en su caso y que su hermana, diputada en el Congreso de los Diputados por ERC, acusó al Gobierno de ser su "verdugo" carcelario y subrayó que España le importa "un comino".

Es verdad que, sobre el papel, el indulto ni siquiera precisa de un arrepentimiento del condenado y que ha sido una facultad que han empleado gobiernos democráticos de distinto signo y de distintos países, desde Bill Clinton a Zapatero. Incluso en ocasiones, esta gracia -que precisa de un informe no vinculante del tribunal sancionador- ha compensado injusticias como la cometida con la inhabilitación del juez Gómez de Liaño. 

Parada y fonda

El indulto es una realidad y como tal hay que afrontarla, aunque resulte más que elocuente que el líder del PSC, Miquel Iceta, clamara públicamente por su aplicación en vísperas del encuentro entre Torra y Sánchez. Mientras, los condenados por el golpe separatista empiezan a disfrutar de innumerables beneficios y tienen las prisiones catalanas como parada y fonda. Este mismo jueves se ha conocido que el propio Junqueras saldrá muy pronto tres días a la semana.

Las exigencias de ERC y JxCAT de amnistía y derecho de autodeterminación empiezan a surtir efecto. El indulto es una gracia penitenciaria que es potestad del Ejecutivo. Veremos cuánto más está dispuesto a retratarse.