Meritxell Batet ha llevado el próximo pleno del Congreso al 9 de abril, Jueves Santo. Y lo hace cuando oposición y juristas denuncian que el Gobierno únicamente recurre al Parlamento para convalidar decretos-leyes. De esta forma, la labor de fiscalización al Ejecutivo queda limitada con la excusa de la excepcionalidad en la que vive el país.
Hay que recordar que incluso en situaciones más restrictivas que las actuales -Estado de excepción o de sitio-, el derecho a la participación política y a los cargos y a la función pública están blindados por la Carta Magna. Los expertos constitucionalistas consultados por EL ESPAÑOL son tajantes: "El estado de alarma no podrá interrumpir el funcionamiento del Congreso ni modificar el principio de responsabilidad del Gobierno".
Plenos poderes
En el fondo, asistimos a una merma de los controles democráticos a los que debe someterse un Gobierno que ha adquirido, además, plenos poderes. Precisamente por ello, Pedro Sánchez debería ser el primer interesado en dar las máximas explicaciones sobre cómo se está gestando la crisis.
En realidad, hacer coincidir el pleno del Congreso con la Semana Santa es un gesto al que recurre el Gobierno para tratar de hacer ver que lidera la batalla todos los días, sin importar fechas del calendario. Por eso, también, presumía estos días Pablo Iglesias de haber estado al pie del cañón hasta las dos de la madrugada en el último pleno.
Transparencia
Pero todo esto es espuma. La estrategia de Moncloa está mucho más volcada en la autojustificación que en la rendición de cuentas. Y ha quedado muy claro que, aprovechando las circunstancias, el Poder legislativo ha quedado subordinado al Ejecutivo. Nunca más que hoy son necesarios luz y taquígrafos.