La Conferencia Sectorial de Educación, que reúne al Ministerio y las Comunidades, ha servido este jueves para evidenciar el caos con el que España afronta la vuelta a la normalidad educativa.
El Gobierno ha conseguido pactar con casi todas las Autonomías un documento basado en 14 puntos donde se especifica la forma en que se desarrollará la vuelta a las aulas en septiembre, que será de forma presencial como "principio general". Y decimos casi todas las regiones porque Madrid y País Vasco -Cataluña ha mostrado sus reticencias- rechazan el protocolo de la ministra Isabel Celaá.
De Celaá a Castells
Y ya no es sólo que no haya unanimidad entre las regiones: es que el caos educativo resulta más sonrojante si cabe por cuanto ni siquiera entre los ministerios de Educación y de Universidades hay coordinación alguna.
Si Isabel Celaá declaraba el miércoles pasado que "todos los alumnos" volverían a las aulas el próximo curso (de Infantil hasta Bachillerato), su compañero Manuel Castells hacía hincapié un día después en la autonomía de cada universidad para gestionar sus clases presenciales y virtuales según sus recursos.
La disonancia no es baladí: mientras Celaá (PSOE) ha tratado de marcar un cierto criterio unificado, Castells (ministro de Podemos) no ha coordinado siquiera una prueba trascendental como es la de la Selectividad. Y a todo ello hay que añadir las continuas rectificaciones de la propia Celaá sobre la fórmula de la vuelta a las aulas: desde anunciar un curso no presencial a lo pactado finalmente este jueves.
Bandazos
Todo este pandemonio supone añadir más incertidumbre al regreso de los alumnos a la nueva normalidad. Y después de que la cuarentena haya probado que la formación telemática no está lo suficientemente implantada.
La Educación no puede ser el vagón de cola de las prioridades políticas ni fuente de conflictos estériles entre Administraciones. Tiempo ha habido para intentar encontrar soluciones, pero lo más noticioso de la Educación han vuelto a ser los bandazos de sus responsables.