Una vez superado el colapso hospitalario, el coronavirus anuncia ya un atasco en los Juzgados de lo Social. La litigiosidad en materia laboral se ha incrementado y seguirá aumentando como consecuencia de los despidos y de los expedientes de regulación de empleo.
En realidad, sobre la Justicia (y sus usuarios) se avecina la tormenta perfecta. A la lentitud proverbial por la consabida falta de medios y la sobrecarga de trabajo, se le unen los meses de parón por la epidemia, que ha retrasado los expedientes en marcha. Y ahora se espera un aluvión de casos, con el problema añadido de que las precauciones para evitar contagios en los juzgados dilatarán aún más los asuntos.
Indemnizaciones
Tal y como hoy publicamos en EL ESPAÑOL, los expertos calculan que pueden duplicarse los tiempos de espera para celebrar juicios y, por lo tanto, trabajadores despedidos de forma improcedente podrían llegar a tardar más de dos años en cobrar sus indemnizaciones.
Las propias particularidades de la legislación en materia laboral no facilitan la agilización: los servicios de mediación, arbitraje y conciliación (SMAC) llevan su tiempo y son obligatorios antes de llegar a los tribunales. Y hasta que los jueces no resuelvan, no habrá indemnizaciones.
Denuncias
Si tenemos en cuenta que, según las previsiones del Gobierno, la tasa de paro subirá cinco puntos este año (del 14% se pasará al 19%), no es osado aventurar que los jueces deberán resolver decenas de miles de denuncias, cuyo retraso puede generar situaciones verdaderamente dramáticas.
Ante esta situación, la Administración está obligada a reaccionar. Tiene que aumentar las plazas de funcionarios y buscar fórmulas que acorten al máximo los plazos de espera. Además, hay que tratar de amortiguar la situación de desprotección en la que quedan, ante todo, los trabajadores, pero contemplar también alternativas para aquellas empresas que pueden verse obligadas a reincorporar a una persona dos años después, cuando las condiciones del mercado serán, a buen seguro, muy distintas.