Desde hace días es palpable el descontento que existe en el seno del Gobierno por la compleja situación en que se halla Juan Carlos I. Cada vez más acorralado por su gravísimo e irregular proceder, a la luz de las informaciones que ha venido publicando EL ESPAÑOL, su posición es insostenible.
Si la semana pasada Pedro Sánchez rompía con la tradicional cautela del Ejecutivo respecto al Emérito al afirmar que estamos ante "informaciones inquietantes, que nos perturban a todos", este martes el Gobierno ha sido meridiano al hacer recaer en Zarzuela "cualquier medida pasada o futura para preservar la ejemplaridad de la Jefatura del Estado". O como ha afirmado de forma taxativa la ministra portavoz, María Jesús Montero, es ahora cuando "la Casa Real debe decidir".
Crisis institucional
Esta rotundidad del Ejecutivo, que prácticamente insta a Felipe VI a repudiar públicamente a su padre, revela de entrada un error de cálculo de la propia Casa Real. Cualquier decisión que tome ahora el Jefe del Estado parecerá ir a remolque de la posición del Gobierno. Como hemos venido defendiendo, Zarzuela debía haber establecido hace tiempo un cordón sanitario con el Emérito, teniendo en cuenta, además, que Felipe VI es el principal damnificado por las prácticas de su progenitor.
Cierto es, también, que una medida tan abrupta como necesaria se produciría en un contexto de crisis del sistema, y no son pocas las fuerzas políticas disgregadoras que entenderían el rechazo público de Juan Carlos I como una victoria y el primer hito del cambio de régimen que propalan.
El aviso del 12-J
En cualquier caso, Felipe VI debe actuar con rotundidad, como ya hizo con su hermana Cristina. Apartar a su padre de Zarzuela es una opción. Por muy amargo que sea el trance, hay que tomar una medida quirúrgica porque está en juego la propia institución monárquica.
El resultado de las elecciones vascas y gallegas, que muestra un avance de quienes abogan abiertamente por romper el régimen constitucional, debería ser un aviso más para la Casa Real. Cada día de contemporización con el Emérito es una victoria para los enemigos de nuestro sistema democrático.
