Tal y como hoy revela EL ESPAÑOL, Podemos está preparando un proyecto de ley para regular la actividad del Rey en el que se contempla que Felipe VI rinda cuentas anualmente ante el Congreso e incluso pueda ser inhabilitado si se sale de los márgenes que esta norma le marque.
De entrada, sorprende que un partido republicano aliente una iniciativa para organizar la misma institución que se ha propuesto derribar. De la actitud hostil de Podemos hacia la Monarquía hay muestras a diario. Este mismo jueves, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no tenía reparos en llamar "prófugo" a Juan Carlos I, sin importarle siquiera faltar a la verdad con tal de salpicar a la Corona.
Reforzar la institución
Pero también choca que Podemos aliente desde el Gobierno una iniciativa que no llevaba en el programa electoral y que tampoco planteó en ningún momento al PSOE en las negociaciones para formar la coalición. Está claro que su objetivo sigue siendo erosionar a la Corona por ser parte esencial del orden constitucional.
Y sin embargo, una ley del Rey que regule aspectos como las actividades de los miembros de la Familia Real, sus incompatibilidades, sus viajes o los regalos que pueden recibir, se antoja necesaria, y viene siendo reivindicada desde distintos ámbitos; eso sí, con la intención de reforzar la institución, no de dinamitarla.
Grandes consensos
De haber existido una norma así podrían haberse evitado situaciones como las que llevaron al caso Nóos y que hundieron en el descrédito a Iñaki Urdangarin y a la Infanta Cristina. La realidad es que la Casa Real sigue rigiéndose por los artículos del Capítulo II de la Constitución, muy genéricos, que se han desarrollado de forma poco precisa en algunos reales decretos. Por eso hubo que improvisar una ley deprisa y corriendo para la abdicación de Juan Carlos I.
Por lo tanto, sí es oportuno plantear una ley del Rey, pero no a la manera tramposa en que lo hace el partido de Iglesias, que aboca, por lo demás, a un nuevo enfrentamiento en el seno del Gobierno. Y estamos ante un ejemplo más de la necesidad de que los partidos constitucionalistas lleguen a grandes consensos. Cuanto antes, mejor.