La oferta envenenada de Pedro Sánchez a Pablo Casado con los estados de alarma autonómicos es el principal antónimo de la única solución que permitirá gestionar la pandemia con rigor científico y responsabilidad política: un verdadero acuerdo entre PSOE y PP. En lugar de llamar al presidente del Partido Popular, Sánchez trata de conseguir una rendición sin condiciones: el apoyo de Casado a los Presupuestos y la renovación de instituciones tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o RTVE.
Bien es cierto que esta renovación es necesaria, ya que algunos de estos organismos funcionan en régimen de absoluta provisionalidad desde hace años, pero Moncloa no debe aprovechar la dramática coyuntura para conseguir el “sí” de Casado sin sentarse a la mesa con él. Estos acuerdos deberían ser la consecuencia de otros mucho más amplios y referidos, como es lógico, a la gestión de la pandemia, cuyos datos invitan a pensar que se acerca un otoño delicado.
Cobertura legal
La estrategia adoptada con Sánchez -los 17 estados de alarma distintos- tiene cobertura legal. De hecho, en la legislación sobre este mecanismo constitucional está consignado que el jefe del Ejecutivo pueda delegar en un presidente autonómico como autoridad competente. Dicho de otro modo, las regiones no están inermes a la hora de solicitar esta medida de excepcionalidad.
Cosa distinta es que, a día de hoy, estas Comunidades queden sometidas a las consecuencias de la lucha partidista. Tal y como revela EL ESPAÑOL, ninguno de los presidentes autonómicos del PP -debido al plan trazado por Casado- solicitará su aplicación. Sería un absurdo lacerante que estas regiones no activaran el estado de alarma y sí lo hicieran las gobernadas por el PSOE. Acaso porque la negativa del PP enraiza en el proyecto a largo plazo de Casado: reformar la ley sanitaria. Un extremo que Sánchez no aceptó.
Tarde de nuevo
Los rebrotes, la realidad de que somos el país de Europa que peor gestiona la pandemia, exige, más que nunca, pacto y acuerdo. Lo contrario -la improvisación y las discordancias- encuentra su ejemplo paradigmático en la ausencia de un protocolo para la vuelta a las aulas. Aquí queda de manifiesto que el desacuerdo se cocina en Moncloa, pero también en Génova: varias Comunidades gobernadas por el PP exigieron una estrategia global, pero poco después corrieron a airear su propio calendario escolar.
Desde marzo hasta ahora algo ha quedado claro: sólo un pacto entre el PSOE y el PP permitirá gestionar adecuadamente y de forma homogénea la epidemia. Y en esto, como en tantas cosas, volvemos a ir tarde.