La decisión del juez García-Castellón de elevar a la Sala Penal del Tribunal Supremo el caso de Pablo Iglesias ha causado un lógico terremoto político. El magistrado advierte indicios de criminalidad en su comportamiento tras haber investigado el supuesto robo del teléfono de quien, en 2015, era su asesora en Bruselas, Dina Bousselham.
El magistrado asegura en su escrito que la personación como víctima en aquel caso del hoy vicepresidente del Gobierno, así como la denuncia que interpuso por la filtración y publicación de los mensajes del móvil de su asesora, tenían una finalidad "estrictamente de oportunidad política". Y considera que pudo haber cometido hasta tres delitos: descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa.
Contradicciones
Es verdad, como denuncia Podemos, que García-Castellón ha incurrido en contradicciones e incongruencias procesales. La propia Audiencia Nacional estimó hace tres semanas el recurso de apelación de Iglesias, comunicó al juez que era "improcedente" seguir con las pesquisas y le pidió que devolviera al político la condición de perjudicado. El magistrado ha soslayado esa orden y ha activado la acusación trasladándola al Supremo.
De cualquier forma, adelantarse a exigir ya la dimisión de Pablo Iglesias por el hecho de haber llegado este asunto al Supremo es precipitarse. Hay precedentes de otros casos que afectaron a cargos públicos y que acabaron archivándose. Sucedió en su día, por ejemplo, con la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en un episodio relacionado con el cobro de dietas.
Progresistas
Ahora bien, el asunto presenta tantas zonas oscuras que una cosa es que no pueda demostrarse que Iglesias delinquió, y otra, que tuviera el comportamiento que cabe esperar de un vicepresidente del Gobierno, empezando por el paternalismo machista de quedarse con las fotos íntimas de una mujer con el argumento de que es mejor no devolvérselas para que no se sienta mal.
Si el Supremo decidiera abrirle una causa, entonces sí, Iglesias no tendría otro remedio que dimitir. El azar ha querido que la Sala del Supremo que verá su caso y, por tanto, la que decidirá sobre su futuro político, sea de mayoría progresista. Es la prueba de que cuando Podemos presenta al Poder Judicial como un nido de fachas a las ódenes de intereses espurios, miente.
