Un 55% de los españoles desaprueba la imposición del estado de alarma en nueve municipios de la Comunidad de Madrid, según el sondeo de SocioMétrica que hoy publicamos. Una cifra que revela el hartazgo de los ciudadanos no sólo ante la unilateralidad de Pedro Sánchez o ante la bronca política. También que existe un clima de opinión que demuestra que el Gobierno está perdiendo la batalla de los datos. Este mismo sondeo establece, además, que la mitad de los españoles (50%) cree que Isabel Díaz Ayuso ha estado más acertada que Sánchez gestionando la pandemia y casi un 60% suspende al presidente.

Al margen del lógico y creciente descontento de la ciudadanía, hay que recordar que desde el principio de la pandemia los expertos avisaron de que era imprescindible actuar con la máxima transparencia y con los métodos de conteo más rigurosos para poder monitorizar la evolución de la enfermedad. Algo que, como analiza hoy EL ESPAÑOL, se resume en la idea de que ningún dato de la Covid-19 que llega a los ciudadanos es real, aunque quien emita la estadística no esté mintiendo necesariamente. Huelga decir que unos y otros han manejado números disímiles y a beneficio de parte en un triste vodevil.

Umbral de la OMS

De hecho, si hasta el Gobierno ya reconoció hace cuatro meses que los fallecidos son muchos más de los 32.929 contabilizados hasta el momento, hay razones fundadas para cuestionar las cifras de incidencia acumulada en los últimos catorce días. Acaso porque es imposible guiarse por un único parámetro cuando la enfermedad avanza imparable. 

Lo cierto es que cuando Isabel Díaz Ayuso exhibe como prueba efectiva de las restricciones autonómicas que los contagios hayan descendido en determinadas zonas de 500 infectados por cada 100.000 habitantes, parece darse por buena una proporción diez veces mayor a la recomendada por la OMS para la aplicación de medidas urgentes.

Salvar vidas

A nadie se le escapa, pues, que en Madrid habría que haber actuado antes del mismo modo en que habría que actuar en Navarra desde el Ejecutivo central si seguimos la lógica de Sánchez para aplicar el estado de alarma en la Comunidad madrileña. Bien es cierto que Navarra presenta menos de un 35% de ocupación de las UCI. 

Sea como fuere, que en España se asista a un agravio comparativo en algo tan palmario como la salud pública es sintomático del inmenso error de Gobierno y oposición por no acordar un marco jurídico claro respecto a las atribuciones de las Comunidades frente a la pandemia. Sería deseable ese acuerdo que, hoy por hoy, parece imposible cuando la política y la gresca partidista parecen alejar la prioridad. La de salvar vidas.