La propuesta de reforma del órgano de gobierno de los jueces que registraron el martes en el Congreso PSOE y Podemos, aparte de causar una indignación generalizada en el mundo judicial, empieza a tener consecuencias, no precisamente positivas.
Tal y como hoy informa EL ESPAÑOL, esa reforma por las bravas, que elude los informes del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y del propio CGPJ, y que se realiza al margen del principal partido de la oposición, podría condicionar las ayudas que va a recibir España de la UE, y también la inversión extranjera.
Inseguridad jurídica
Por un lado, el Parlamento Europeo vincula la aprobación de los fondos al cumplimiento dal artículo 7 de la Unión, que consagra el respeto escrupuloso al Estado de derecho. Pues bien, acabar con la división de poderes choca frontalmente con ese principio. Por otro lado, la iniciativa legislativa que impulsan Sánchez e Iglesias genera inestabilidad institucional e inseguridad jurídica, y eso ahuyenta al capital, como alertan los economistas.
El intento de someter el Poder Judicial a los partidos es malo para la democracia y para la economía, pero también una incoherencia política por parte del PSOE y de Podemos. Baste decir que hace sólo una semana, mientras preparaba el asalto al CGPJ, el PSOE pedía en Bruselas que en el reparto de las ayudas se tuviese en cuenta la salud democrática de los Estados.
Golpe de timón
En cuanto a Podemos, es una formación que siempre ha criticado "el reparto de sillones entre la casta política". En su último programa electoral hablaba de reformar el CGPJ, pero en sentido opuesto al que ahora abandera: para "reforzar la independencia" de los jueces. Quién lo hubiera dicho.
Llegados a este punto, no es exagerado afirmar que el golpe de timón de Sánchez y sus socios pone en jaque los 140.000 millones de euros que, según Moncloa, estaban asegurados para reflotar la economía española. Y es que, matar a Montesquieu tiene un coste cuando se pertenece a un club de democracias avanzadas.
