La pretensión de Pedro Sánchez de alargar durante seis meses el estado de alarma tiene difícil encaje jurídico, por mucho que la mayoría parlamentaria de la que goza pudiera sacarla adelante. Nadie niega la gravedad de las circunstancias, pero extender una situación de excepcionalidad tanto tiempo supondría sistematizar lo anómalo, por no hablar de sus consecuencias económicas.
Al plantear una medida tan drástica, el Gobierno admite implícitamente su fracaso, que hubo decisiones erróneas y medidas que no se tomaron a tiempo. Por eso convendría mostrar humildad en estos momentos y aparcar la unilateralidad.
Término medio
La reacción airada de Carolina Darias a la petición de Pablo Casado de negociar un estado de alarma más breve nos devuelve al bloqueo político. Para la ministra, la posición del líder del PP equivale a "poner palos en las ruedas". Pero un Gobierno que presume de su disposición dialogante no puede pretender imponer una y otra vez su criterio.
Es probable que las ocho semanas de restricciones que proponen los populares sean insuficientes, pero seguro que es posible encontrar un término medio en torno a los cuatro meses que permita afrontar la situación de manera razonable. Sería un horizonte en cualquier caso revisable, para actuar en función de la evolución de la pandemia.
Semana Santa
El Gobierno no solo debe ser sensible a los planteamientos de la oposición, sino a reflexiones como la que ha hecho este lunes el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. El representante empresarial teme otra Semana Santa negra para el sector turístico que sería la puntilla para muchos negocios y puestos de trabajo.
Una vez más entramos en un panorama de incertidumbre, desazonador. Mal hará el Ejecutivo si pretende jugar esta partida sólo con sus socios habituales. La segunda oleada es una calamidad, pero también una oportunidad para no tropezar en la misma piedra.
