El Gobierno ha acordado con ERC modificar la Ley de Educación. Si hasta ahora establecía que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares", la fórmula que el Gobierno ha pactado con ERC da carta blanca al blindaje de la inmersión lingüística en catalán y a una marginación aún mayor del español.
La enmienda, que se vota este jueves en el Congreso, recurre a propósito a una redacción ambigua que satisface a los nacionalistas y a la vez trata de tapar lo que es una nueva cesión a ERC. Así, el texto establece ahora que son las "Administraciones educativas" las encargadas de regular el uso de las lenguas en el aula, y como la Educación está transferida, la Generalitat considera que esas "Administraciones" son las suyas. Por lo tanto: barra libre para actuar.
Adoctrinamiento
La trampa está en haber borrado la referencia a la condición de "lengua vehicular" del castellano. La alusión que la nueva redacción hace a tener en cuenta "la Constitución" es no decir nada, maquillar la realidad, por cuanto la Constitución no dice cómo debe regularse el uso de las lenguas en la escuela.
Si la denominada Ley Celaá acaba finalmente siendo aprobada, las Comunidades Autónomas bilingües con gobiernos nacionalistas podrán dar una nueva vuelta de tuerca al adoctrinamiento en las aulas. Y eso, habida cuenta de que en Cataluña rige desde hace años un itinerario pedagógico que discrimina al castellanohablante, puede ser fatídico.
Marginación
Todo, además, cuando los Tribunales llevan exigiendo desde hace años que en Cataluña se imparta el "mínimo legal del 25% de horas en castellano", y cuando Europa se ha prestado a investigar la marginación del español en los centros educativos catalanes. Conviene recordar la sentencia del Tribunal Supremo de 2010 en la que se recordaba a la Generalitat que el castellano es lengua vehicular en Cataluña y como tal debe ser tratado.
Que el Gobierno que preside Pedro Sánchez esté dispuesto a renunciar a que el español sea lengua vehicular en los colegios españoles, dejando definitivamente desamparadas a las familias que quieren que sus hijos sean educados en su lengua materna, demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar para garantizarse una mayoría con la que blindar la legislatura. Nunca debió prestarse a pagar ese precio.
