Sin consultar a la comunidad educativa, sin buscar consenso político, aprovechando que la pandemia tiene a la población sumida en otras preocupaciones, en medio del debate de Presupuestos y tramitando la norma con carácter de urgencia. Así es como lleva el Gobierno al Congreso su nueva ley de Educación (LOMLOE), la llamada Ley Celaá.

Por si fuera poco, la norma incluye disposiciones de abierta inconstitucionalidad, como la degradación del español en las aulas de Cataluña o la supresión del derecho de las familias a elegir la enseñanza que prefieren para sus hijos. EL ESPAÑOL publica hoy el último artículo de una serie de cinco en los que, de forma consecutiva, ha venido denunciando las faltas y deficiencias de la ley.   

Borrar la condición de "lengua vehicular" del castellano supone dar carta blanca a la eliminación de la lengua común del Estado. Que, contrariamente a lo dictaminado de forma reiterada por los tribunales, la marginación del español sea algo habitual en las escuelas catalanas hace más onerosa la falta del Gobierno de Pedro Sánchez. 

Sin Alta Inspección

Es significativo, en este punto, que la nueva ley destruya la Alta Inspección para que sean las Autonomías las que asuman el control de los contenidos curriculares. Dicho de otro modo, se ofrece barra libre al proselitismo en las aulas.  

Pero la norma tiene otro objetivo claramente doctrinario: la paulatina erradicación de la escuela concertada, que hoy supone el 28% de la oferta educativa, con 3.500 centros en todo el país. En puridad, se violenta el artículo 27 de la Carta Magna, que consagra el derecho a la libertad de enseñanza, para otorgar el monopolio de la educación pública al Estado, corroborando así lo dicho en su día por la propia Isabel Celaá: "Los niños no pertenecen a los padres".

Por otra parte, la ley prevé que desaparezcan los centros de Educación Especial y que sus competencias la asuman los colegios ordinarios, lo que contraviene los más básicos principios de la Pedagogía. Se obliga de esta manera a que el alumnado que requiere de una enseñanza muy personalizada pierda calidad formativa. Padres y profesionales alertan de que estos alumnos pueden ser objeto de acoso y sufrir el estrés ambiental al verse a sí mismos como un estorbo para el resto de compañeros.

Fin a la meritocracia

Con la Ley Celaá se clava otro clavo más en el ataúd de la meritocracia al permitirse pasar de curso sin límite de suspensos. De momento, la Fiscalía investiga la orden ministerial que habilita a las Autonomías a decidir con cuántos suspensos puede avanzarse, hasta el ridículo, incluso, de obtener el título en ESO, Bachillerato y FP. Estamos ante una trampa muy perniciosa, pues al erradicar el esfuerzo del sistema se está degradando la función de ascensor social que tiene la Educación.

Ante tales desmanes, son casi millón y medio de ciudadanos los que han firmado en contra de esta ley, que bien puede decirse ya, es un gran suspenso de Sánchez. Se supone que la norma venía a corregir los defectos de la Ley Wert, y la empeora por goleada.

En menos de cincuenta años España ha conocido ocho leyes educativas diferentes, condenando a varias generaciones con sus errores pedagógicos y tics ideológicos. La Ley Celaá sigue esa línea, y por eso nacerá muerta.