El año 2021 será funesto para muchos trabajadores españoles. España es ya el país de la Unión Europea que más empleo destruye. En términos anuales, se han perdido en España 1.215.600 puestos de trabajo de los 3.613.800 de toda la zona euro. Dicho de otra manera: uno de cada tres empleos que han desaparecido en Europa era español. Las deficiencias estructurales del mercado laboral nacional corren serio riesgo de enquistarse, e incluso de agravarse, si no se adoptan medidas que mejoren esta preocupante tendencia.

El incremento del paro en un 26% y la disparatada tasa de temporalidad, que sube al 24,2%, muestran las costuras de un tejido empresarial que va camino de la catástrofe. Para muestra, un botón. El paro español ya ronda los cuatro millones de afectados y las PYMES no parecen mostrar signos de poder resistir una contracción del mercado como la actual si no reciben ayuda urgente desde el Gobierno.

Pero el Gobierno de coalición, más allá de los fuegos artificiales de la propaganda, parece empeñado en castigar al empresario en lugar de favorecer a grandes y pequeños generadores de riqueza. Es un precio inasumible que el Gobierno parece estar pagando gustoso para contentar a su sector más radicalizado ideológicamente, el de Podemos. El dinero del rescate europeo no puede ser la excusa para abstenerse de reformar un mercado laboral extraordinariamente rígido. Mucho menos para insistir en un mayor anquilosamiento del mismo. 

Evitar el cortoplacismo

La propia naturaleza del mercado laboral español obliga, ahora más que nunca, a poner el foco en el fomento de la contratación y el comercio atendiendo a las dos grandes lacras de nuestro sistema productivo: la temporalidad y el desempleo juvenil. Este último alcanza ya la cifra del 40,5%. Son males que, no hay que olvidarlo, ya se advertían antes de la pandemia, cuando la recesión era el peor fantasma. Llueve sobre mojado.

Toca atender la acuciante situación inmediata, pero no hay que caer en cortoplacismos. En lugar de plantear contrarreformas a la legislación precedente como se propone desde el Ejecutivo –con el apoyo entusiasta de ERC y EH Bildu–, urge diseñar un marco favorable a la contratación y evitar que los puestos de trabajo cuesten más dinero del que son capaces de generar. Cualquier rigidez innecesaria debe ser erradicada del escenario laboral español. Es hora de aflojar las riendas intervencionistas que acogotan nuestra economía para que esta compita en igualdad de condiciones con el resto de las economías europeas. 

Ayudas de la UE

Hay que recordar que las ayudas europeas del fondo de recuperación dependerán a partir de 2022, y en buena parte, de una reforma del mercado laboral en el sentido que demanda Bruselas. No habría mejor señal en este sentido que evitar la avalancha de paro que se avecina una vez que se levanten los ERTE el próximo 31 de enero. Cuando ese momento llegue, el Ejecutivo tendrá que haber hecho los deberes si no quiere generar la recesión más dramática de la historia de la democracia española.

La crisis económica es un reto que hay que afrontar sin dogmatismos de otro siglo, con inteligencia y con urgencia. La secuela más importante de la crisis sanitaria es, como se está comprobando, la crisis económica. Unas medidas laborales razonables no sólo salvarán la cuenta de resultados de empresas abstractas, sino el futuro de decenas de miles de familias. 

La vergonzosa realidad de habernos convertido en la palanca del desempleo en Europa debería ser la señal de alerta definitiva que convenciera al presidente del Gobierno de que ha llegado la hora de avanzar en el sentido que marca la UE, y no de retroceder en la dirección que propone ese adalid del decrecimiento económico como camino hacia la igualdad –en la ruina– que es Pablo Iglesias.