A nadie ha sorprendido ya la enésima rectificación del PSOE tras la enésima amenaza tácita de divorcio por parte de Podemos. Esta vez por cuenta de la reforma de las pensiones.

No resultó difícil adivinar ayer que Pedro Sánchez había vuelto a echarse atrás cuando José Luis Escrivá, número uno de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, negó en el programa de Carlos Alsina, muy nervioso y casi fuera de sí, una información de la que la prensa tiene constancia desde hace meses. 

Esa información es la de que Escrivá planeaba subir a 35 años el plazo de cotización para el cálculo de la pensión como parte de una reforma encaminada a garantizar la viabilidad del insostenible sistema de pensiones español.

Una reforma a la que obliga la UE y por la que el Gobierno deberá pasar, más tarde o más pronto, quiera o no quiera Podemos.

Credibilidad por los suelos 

A esa reforma se ha opuesto frontalmente Pablo Iglesias hasta el punto de amenazar con la ruptura de la coalición de Gobierno durante una de sus ya habituales entrevistas en La Sexta, el amenazadromo particular del partido morado. 

Posteriormente, Sánchez, en una maniobra ya habitual en la Moncloa, ha ordenado la anulación de esa medida y su borrado del documento que el Gobierno debía remitir a Bruselas.

Lo ha hecho a costa de la credibilidad del Ejecutivo frente a la UE, pero sobre todo de la de su ministro, que ahora ya sabe que Sánchez puede desempeñar formalmente la presidencia, pero que el que tiene la última palabra en lo relativo a su ministerio es Iglesias.

La relación no es recíproca, como demuestra que el Gobierno legalizara ayer de facto la okupación de viviendas ajenas si esta se produce "sin violencia".

Una medida de Podemos que el PSOE aceptó mansamente, demostrando que las rectificaciones en este Gobierno son vías de sentido único. Del PSOE hacia Podemos cuando la medida es razonable, pero nunca al revés, cuando la medida es una barbaridad más propia de una república bananera. 

Retraso voluntario

Tal es el desgarro que provocará en el sistema de pensiones la rectificación de Sánchez que el Gobierno se ha visto obligado a improvisar una medida de mucho menor calado. La de la inversión de 1,5 millones de euros en una campaña destinada a persuadir a los españoles de que se jubilen más tarde. 

La pretensión es convencer a Bruselas de que la voluntad del Gobierno es firme y que la reforma del sistema de pensiones sigue adelante.

Por supuesto, el PSOE sabe que ese programa de incentivación no sólo tendrá un impacto marginal, si es que tiene algún impacto, sino que la UE no se dará por satisfecha con él.

Pero el objetivo del Gobierno no es tanto el de convencer a la UE como el de calmar los ánimos de Podemos. Porque la medida es, en efecto, una patada hacia delante que retrasa el problema unos pocos meses.

No saldrá gratis ese retraso. Escrivá ha quedado desautorizado frente a sus interlocutores y el ya pequeño reservorio de paciencia de la UE con el Gobierno español ha empequeñecido todavía un poco más.  

Es una obviedad que la medida propuesta por el Gobierno no conseguirá, ni en las previsiones más alucinógenas del más optimista de los asesores de Moncloa, el impacto que habría tenido la ampliación del plazo para el cálculo de las pensiones a 35 años.

Esta no es, en definitiva, la solución a uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el sistema del bienestar español. 

Sánchez ha ganado tiempo en su batalla con Iglesias, sí. Pero ese tiempo extra tiene un límite, el 31 de diciembre de 2021. Más allá de esa fecha, Sánchez no podrá recurrir ya a su habitual patada hacia delante porque delante estará el muro de la UE. 

Más miedo a Iglesias

Que la medida de Escrivá no haya llegado ni siquiera a Bruselas para su consideración previa, antes de su debate en el Congreso de los Diputados, demuestra que Sánchez le tiene más miedo al líder de Podemos que a la propia UE.

No es un buen augurio para los españoles, en fin, esa dependencia casi enfermiza del PSOE de los caprichos, ruinosos, de un partido populista como Podemos. 

O el Gobierno reforma el sistema de pensiones en el sentido que revela cualquier análisis económico medianamente serio del problema o España se enfrenta a un siniestro futuro.

Futuro en el que el debate no será ya si las pensiones son más o menos cuantiosas, sino si estas existen en 2035 (fecha prevista de máxima tensión del sistema) o no.